Legisladores de la Ciudad de Buenos Aires denunciarán por mal desempeño de sus funciones, ante el Consejo de la Magistratura, a la jueza civil Myriam Rustan de Estrada, que impidió la realización de un aborto no punible a una mujer violada y que estuvo secuestrada por una red de trata.
Con la firma de diputados y legisladoras, mañana se concretará la presentación, a la que tuvo acceso la agencia Télam, dirigida a Manuel Urriza, presidente del Consejo, a quien le solicitan que evalúe «el mal desempeño» de la jueza y que «analice si la conducta de la magistrada amerita sanciones o un jury».
La jueza, a cargo del Juzgado Nacional en lo Civil N° 106, decretó como medida cautelar de no innovar la suspensión del aborto no punible en el Hospital Ramos Mejía o cualquier otro centro de la Ciudad de Buenos Aires, tras dar lugar a un amparo de una organización católica.
El texto de la presentación judicial, al cual tuvo acceso Télam, calificó como «una aberración jurídica» el fallo de Rustan de Estrada «en tanto y cuanto desconoce un pronunciamiento en sentido contrario» dictado por Guillermo Scheibler, a cargo del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de esta ciudad», que se rehusó el 5 de octubre al amparo de la Asociación Pro Familia.
Además, consideró «inadmisible el fallo, que podría constituir la comisión de un delito» porque «enfrenta de forma insólita lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación».
De esta manera hizo mención al caso «F.A.L s/medida autosatifactiva» dictada el 13 de marzo de 2012, por el cual la Corte consagró la posibilidad de practicar abortos sin necesidad de intervención judicial en casos de violación.
También aseveró que la decisión de Rustán de Estrada «supone un alzamiento» y recordó que la Constitución Nacional «impide la erección de obstáculos, obstrucciones o dilaciones de naturaleza administrativa o judicial para evitar situaciones que constituyan discriminaciones flagrantes en perjuicio de los derechos de las mujeres».
La lectura del fallo «permite advertir que la magistrada, en un alarde de ligereza difícilmente igualable, se declaró competente invocando la posibilidad de evitar un daño irreparable, con lo cual se violó el precepto de juez natural que nuestra Constitución exige».
Señaló asimismo que «se obvió el sorteo respectivo en la Mesa de Entrada de la Cámara Civil, y «justificado» con el argumento anteriormente expuesto».
La denuncia cuestionó que la decisión de la jueza se basó, según lo reconoció en su fallo, en dichos publicados por los medios, y también que aceptara que desconocía «la identidad de la madre del niño».
Esta presentación se suma a la anunciada por a la diputada nacional Diana Conti (Frente para la Victoria) quien pedirá el juicio político de la jueza que «no sólo se apartó del derecho aplicable al caso, por tratarse de un aborto no punible, sino que resulta de total mal desempeño no haber escuchado a la mujer embarazada».
