Argentina ha quedado esta semana al frente del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas que comenzará a preparar una Convención de los Derechos de los Adultos Mayores, una de los logros pendientes más sensibles que le quedan al sistema internacional de derechos humanos en su notable evolución de las últimas décadas.
El Grupo de Trabajo fue creado hace tres meses por la Asamblea General de la ONU, abierto a todos sus miembros y con la intención de potenciar la promoción y protección de los derechos humanos de este grupo social, de impactante crecimiento en las últimas décadas y claramente necesitado de nuevos instrumentos legales, entre ellos una Convención Internacional específica.
El G77 + China, el principal grupo de países en desarrollo, que Argentina preside durante 2011, fue uno de los impulsores más importantes de este Grupo de Trabajo, pero nuestro país tiene además antecedentes propios en este esfuerzo.
Durante la III Sesión de la ONU, en 1948, se aprobó una histórica Declaración sobre los Derechos de la Ancianidad, por iniciativa de Eva Perón.
La necesidad de un instrumento legal vinculante de protección y promoción de los derechos de estas personas, que establezca mecanismos y también organismos internacionales que los garanticen, tiene una dimensión cuantitativa que impresiona y llama a la reflexión.
En 1948, cuando se aprobó la Convención Internacional sobre Derechos Humanos que abrió paso después a otras específicas como las de Niños o contra la Discriminación de la Mujer, la población mundial era un tercio de la actual. Y desde entonces, el promedio de la expectativa de vida creció en 20 años, de 46 en 1967 a 67 años en 2010.
Nadie puede decir ya que el envejecimiento es apenas una preocupación de unos pocos países desarrollados, y América Latina es un ejemplo. En 2007, más del 9% de los latinoamericanos y latinoamericanas tenían más de 60 años. Y para 2050 la proporción de adultos mayores en nuestros países casi se cuadruplicará si se mantiene la actual tendencia.
La repetida imagen mediática de necesidades vinculadas casi exclusivamente con niños, niñas y sus madres en todo el mundo no puede ocultar situaciones similares y peores para los adultos mayores, personas de las más vulnerables para quienes la pobreza puede entenderse como resultado de la negación de sus derechos, pero también como su propia causa.
Situaciones como la falta de menores ingresos por el solo hecho de ser mayores, de acceso a servicios básicos de salud y a vivienda es universal, y la discriminación para las mujeres en la herencia de sus parejas y/o sus hijos le imprime además un rostro femenino a situaciones de exclusión que pueden verse como resultado de la negación de derechos pero al mismo tiempo como su propia causa.
El Grupo de Trabajo que Argentina preside ahora pretende cerrar una brecha existente entre esos derechos y la realidad en la que deberían estar plenamente garantizados, de tal modo de articular en una Convención, en las normas que le sigan y en las políticas públicas que inspire principios de derechos humanos básicos como la no discriminación de nuestros ancianos.
Hasta ahora, la situación de los adultos mayores está considerada sólo indirectamente, a través de la Convención de Trabajadores Migrantes y de la más reciente Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, en la que la sociedad civil, a través de organizaciones, activistas y voluntarios, confirmó su rol histórico de actor clave para desarrollar una agenda de derechos y llevarla adelante con los Estados miembros de la ONU, un proceso que se reeditará seguramente ahora.
Algunos comités de la ONU, como el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el de Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres, desarrollaron recomendaciones específicas sobre ancianos y ancianas, pero se reconoce una fragmentación y falta de foco en la situación de este grupo etario.
Argentina, presidiendo este Grupo de Trabajo, inicia el camino hacia una ansiada Convención inspirada en la idea de que los derechos humanos han sido y deben continuar siendo vistos como herramientas para el cambio social.