La construcción de un nuevo paradigma en la atención de personas con discapacidad mental, que busque salir del modelo de tutelaje y llegar a un sistema que considere a los pacientes como sujetos con plenos derechos, es incipiente y constituye una puja de poderes, culturales, reales y simbólicos, explicaron hoy especialistas. El Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) realizó hoy una jornada sobre el tema, en la cual profesionales y funcionarios coincidieron en que existe mucho camino para recorrer hasta este cambio, que se ajustaría a lo que dispone la Convención Internacional de Personas con Discapacidad.
La modificación del modelo de atención ya se ve reflejado en el proyecto de ley de salud mental, que fue aprobado por la Cámara de Diputados en octubre del año pasado, pero que aún no fue tratado en el Senado. El documento prohibe la creación de nuevos «manicomios» y pretende garantiza los derechos humanos de los pacientes, quienes no podrán ser internados indiscriminadamente en los psiquiátricos y también podrán rechazar un tratamiento si así lo prefieren.
El INADI inició en febrero pasado una serie de charlas con los gobiernos provinciales para intentar instalar la idea de esta nueva concepción de atención de los enfermos mentales, para lo cual visitó a autoridades sanitarias de Salta y también planifica hacerlo en Entre Rios. Claudio Morgado, titular del organismo, explicó que la incorporación a la Constitución Nacional de la Convención Internacional de Personas con Discapacidad, en mayo del 2008, «nos obliga como país a garantizar los derechos de cada persona en esta condición».
«Pero esto ocasiona una tensión jurídica con algunos artículos del Código Civil, que dispone que el Estado se haga cargo de la salud y de la vida de las personas con discapacidad psicosocial y cuya aplicación construyó un poder cultural y real muy fuerte», precisó.
El presidente del INADI aseguró que la Convención «interpela estos poderes y considera diferente lo que para nosotros es normal» y recalcó que su organismo trabaja con autoridades sanitarias nacionales, provinciales y de derechos humanos en la construcción del nuevo modelo.
El director nacional de Salud Mental y Adicciones, Yago di Nella, consideró «una nueva patriada de la cartera sanitaria nacional cambiar este sistema, ya que, salvo en el período 1983-1988, la salud mental nunca fue considerada política de Estado».
Di Nella dijo que es «una fuerte discriminación la que sufren los enfermos mentales», ya que «cuando una persona que tiene, por ejemplo, una crisis de angustia y se presenta en un hospital, no se los trata adecuadamente y se los deriva a un psiquiátrico».
«También sufren discriminación los internos de los manicomios que logran el alta y no tienen donde ir. A ellos se los llama pacientes sociales, cuando ya no están enfermos, al tiempo que se los considera peligrosos», aseguró el médico.
Este funcionario reveló que en Argentina «no existen estadísticas de prevalencias de la salud mental en la población. Sin embargo estimamos que un 20% padece alguna enfermedad mental y, pese a este alto índice, no disponemos los suficientes centros de rehabilitación del Estado y esto también es discriminación».
Raquel Tiramonti, titular de la Comisión Nacional Asesora para la Integración de Personas con Discapacidad (CONAIDIS), destacó que «existe mucha voluntad en las familias y en el Estado para proteger a los discapacitados, pero esa protección les termina anulando su voluntad de elección de lo que ellos quieren hacer».
«Existe discriminación cuando se termina decidiendo por ellos, cuando se les diponen sus amistades o adonde quieren ir» y aseguró que la Convención «es un manto de aire fresco, les garantiza sus derechos y, alejarnos de ella, implica dar pasos retrógrados en forma acelerada en materia de discapacidad», explicó Tiramonti.