La Justicia marplatense rechazó una acción de habeas corpus presentada por una asociación civil que reclamaba legalizar el aborto argumentando que la normativa actual «violenta la libertad física de las mujeres». A pesar de la negación por parte del juez de garantías de Mar del Plata Juan Tapia, el mismo magistrado instó a que en el Congreso de la Nación se debatan los proyectos que prevén ampliar los supuestos casos de no punibilidad de esta práctica.
Un grupo de mujeres nucleadas en la Asociación Las Juanas había presentado la acción de habeas corpus señalando que «en caso de quedar embarazadas», tienen resuelto recurrir a la «interrupción de esos embarazos a través de abortos voluntarios», y que ven cercenada su libertad física porque de hacerlo quedarán «imputadas» por la ley.
En la presentación, las mujeres recalcaron: «En nuestro país se llevan a cabo cada año alrededor de 460.000 abortos” y que se calcula, en promedio, la realización de uno por minuto. A su vez recalcaron que quienes se realizan esta práctica lo hacen al menos, “dos veces a lo largo de sus vidas».
La entidad también agregó que «el 37% de los embarazos que se registran en el país terminan en aborto, y de ellos cerca del 15% corresponden a adolescentes menores de 20 años».
Sin embargo, el juez Tapia entendió que «las peticionantes no sólo no dan cuenta de ninguna circunstancia concreta», sino que hacen referencia a situaciones ‘hipotéticas y potenciales’, lo que impide pronunciarse a su respecto».
«En un sistema democrático, los ciudadanos cuentan con diversas herramientas legales y con mecanismos de organización para peticionar a las autoridades la modificación de la normativa vigente, no correspondiendo al poder judicial avanzar sobre las áreas específicas de intervención e injerencia de cada esfera estatal», aclaró el juez en su resolución.
«Nuestro país se encuentra enrolado en el modelo de permisos sin implementación, lo que conlleva que en determinados supuestos el aborto está justificado, pero como contrapartida, existen una serie de dificultades para acceder al servicio de salud pública con la finalidad de concretar interrupciones de embarazos aún en esos casos que la propia ley penal ha autorizado desde 1922», añadió el magistrado.
Tapia consideró que «resultaría de fundamental importancia la adopción de mecanismos nacionales uniformes para permitir la implementación de los casos de abortos no punibles, con el objeto de evitar la judicialización de esos supuestos» y corrió vista de su resolución al Congreso Nacional y al Ministerio de Salud de la Nación.