La pobreza infantil afecta a casi 81 millones de menores de 18 años en Latinoamérica y el Caribe, según un estudio de la Comisión Económica de América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), organismos que además hacen un llamado a los Gobiernos a invertir en la infancia y reducir las persistentes desigualdades.
Según la investigación, existe una gran heterogeneidad entre países como Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras y Perú, donde más de dos tercios de los niños son pobres.
Por el contrario, en Chile, Costa Rica y Uruguay menos de uno de cada cuatro niños sufre pobreza infantil, precisan los datos contenidos en el estudio «Pobreza infantil en América Latina y el Caribe».
En la investigación de ambos organismos internacionales se desarrolla una medición y diagnóstico del problema, desde un enfoque de derechos en la región y busca proponer recomendaciones de política pública para su superación.
El estudio, realizado entre 2008-2009, midió múltiples dimensiones de la carencia en chicos de América Latina y el Caribe, vinculando cada una al cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que entró en vigencia en 1989.
El sondeo tomó en cuenta factores como la nutrición, acceso a agua potable, conexión a servicios de saneamiento, la calidad de la vivienda y el número de personas por habitación, asistencia a la escuela y acceso a medios de comunicación e información, cuya privación contribuye a un cuadro de pobreza y exclusión social. Además, el análisis consideró el nivel de ingresos de sus hogares y la capacidad potencial de que estos recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas.
Según el estudio, la única manera de eliminar el flagelo de la pobreza infantil es que los Gobiernos integren políticas sociales, de empleo y macroeconómicas.
«Esto requiere asignar mayores recursos para promover los derechos de la infancia, asegurar un entorno protector, aumentar la provisión y la calidad de los servicios, como también ampliar los sistemas de protección social», afirmaron Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal, y Bernt Aasen, director regional de Unicef para América Latina y el Caribe, en el prólogo del documento.
En materia de políticas públicas, el informe indica que para avanzar en la superación de la pobreza infantil es necesario invertir en los niños y reducir las persistentes desigualdades socioeconómicas, territoriales, étnicas y de género presentes en todos los países de la región.
En opinión de ambos organismos dependientes de las Naciones Unidas, este proceso debe realizarse desde las edades más tempranas para romper la reproducción intergeneracional de la pobreza.
Finalmente, detalla las intervenciones públicas a nivel multisectorial que deberían ponerse en marcha para eliminar la pobreza infantil, especialmente asegurar los derechos a la alimentación y a la salud, al agua, al saneamiento, a la educación y a la información.