El Programa de Prevención de la Violencia del ministerio de Salud provincial realizó las Primeras Jornadas sobre esta problemática en el hospital “Arturo Oñativia” de Almirante Brown, a modo de inicio de una serie de capacitaciones para que el equipo de salud cuente con las herramientas necesarias para abordar a las víctimas que ingresan a los establecimientos de sanitarios.
La iniciativa responde a la necesidad de dar una respuesta a las víctimas desde los hospitales, ya que en los primeros siete meses del año se recibieron 44.148 denuncias por violencia familiar y 1.616 por abuso sexual en las 30 comisarías de la mujer de la Provincia.
Además, en lo que va del año, el Programa de Atención a Mujeres víctimas de la Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos provincial asistió a 5.266 víctimas de violencia doméstica, de las cuales 3.081 convivían con su pareja. Según los datos analizados por los especialistas, las agresiones físicas, verbales y psicológicas predominan entre los jóvenes, en especial, en la franja de edad que va desde los 25 a los 34 años.
“En la mayoría de los casos, las víctimas de violencia doméstica pasan por el sistema de salud, incluso antes de ir a una comisaría para curaciones o trastornos psicológicos”, explicó Magdalena Grau, coordinadora del Programa de Prevención de la Violencia del ministerio de Salud provincial. En tal sentido, acotó que, “por lo tanto esa consulta puede significar la única oportunidad que tiene el Estado para intervenir en esa situación para evitar eventos más graves y hasta salvar una vida”.
Por ese motivo están “capacitando al personal sanitario para que el abordaje de una víctima de violencia se realice de un modo multidisciplinario, de modo que no sea expulsivo y, sobre todo, para que le ofrezca a la persona que consulta herramientas que le permitan obtener una asesoramiento legal, efectuar una denuncia y contactar con los organismos del Estado que se ocupan de esta problemática”, explicó la especialista.
Asimismo, desde el Programa de Prevención de la Violencia, se busca que el profesional de la salud que atiende a las víctimas “se comprometa con esta problemática que incumbe a los derechos humanos de las personas”, y no se limite a las curaciones puntuales de los daños físicos que estos eventos pueden acarrear.