En Uruguay, donde la interrupción del embarazo está prohibida, se lleva a cabo un aborto clandestino cada 20 minutos, según datos de la ONG Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), con motivo del Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe.
La práctica más generalizada en el país a la hora de interrumpir un embarazo de forma clandestina es la ingesta de misoprostol, un medicamento para las úlceras gástricas con el que «las mujeres pueden poner en grave riesgo su salud», explicó la portavoz de MYSU, Daniela Goichea.
Unas 33.000 mujeres al año acuden a este tipo de alternativas ilegales en el país, según los datos de MYSU, y muchas de ellas «acaban en el hospital con fuertes hemorragias y abortos a medio término», aseguró la portavoz de MYSU.
La ley que penaliza la práctica del aborto en Uruguay, del año 1938, estuvo cerca de ser derogada en 2008, cuando el Parlamento aprobó una nueva norma sobre derechos sexuales y reproductivos que legalizaba esta práctica en las doce primeras semanas del embarazo.
Sin embargo, dicha ley fue vetada por el entonces presidente uruguayo, el socialista Tabaré Vázquez, médico de profesión, quien señaló en su alegato que «el aborto es un mal social que hay que evitar» y destacó que «en los países en que se ha liberalizado, éstos han aumentado».
En la actualidad, según recientes encuestas, el 63% de los ciudadanos uruguayos está a favor de una ley que despenalice el aborto, norma que se espera que sea aprobada en la actual legislatura, ya que fue uno de los compromisos políticos que contrajo el presidente José Mujica, cuando asumió su cargo, el pasado 1 de marzo.
En las últimas semanas el oficialista Frente Amplio elaboró dos proyectos de ley, presentados uno por la senadora socialista Mónica Xavier y otro por el diputado del Movimiento de Participación Popular, Álvaro Vega. Ambas iniciativas serán analizadas por los legisladores de la gobernante coalición de izquierda, que tiene mayoría en el Parlamento, en los próximos quince días.
Además, el Gobierno aprobó el lunes un decreto que obliga a mutualistas y hospitales a instalar servicios de asesoramiento sobre anticoncepción y embarazos no deseados que formaba parte de la ley vetada en 2008 por Vázquez.
”Es un avance, pero no alcanza. Lo que ahora necesitamos es una ley para la mujer del siglo XXI”, afirmó Goichea para luego decir que en la actualidad el país está en «las mejores condiciones» para contar con una ley «que garantice que todos los hijos sean deseados» y que evite «que las mujeres pongan en riesgo su vida y su salud».
Goichea confía en que el actual Gobierno «termine con el aborto clandestino» aunque insistió en que esta situación debe resolverse «rápidamente» ya que «las mujeres uruguayas llevan ya demasiados años sufriendo por este motivo»