El Plan Nacional de Salud Mental, una herramienta que define políticas públicas concretas de acuerdo al nuevo paradigma de inclusión y derechos que plantea la Ley Nacional 26.657, fue presentado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra el 10 de octubre.
«Este plan es el tercer paso. Primero fue la ley y luego la reglamentación, pero es una herramienta trascendental de gestión que construimos entre todos, y entre todos debemos lograr que se implemente», sostuvo la directora nacional de Salud Mental y Adicciones, María Matilde Massa, durante la presentación.
Ante un auditorio colmado de especialistas, referentes de la sociedad civil, de universidades y de autoridades provinciales en la temática, quienes participaron de las jornadas llevadas adelante para la confección de este plan, Massa aseguró: «Queremos cambiar un paradigma».
«Pretendemos una transformación cultural y esto es posible porque la cultura es una construcción y la hacemos los hombres», expresó la funcionaria quien describió que el plan establece acciones y metas a seis años, e incluye los criterios para evaluar si estas se cumplieron.
El 2 de diciembre de 2010 el Congreso aprobó la Ley 26.653, de Salud Mental, en la que se establecieron las bases de un nuevo paradigma basado en la atención comunitaria, en el ámbito del paciente, en forma integrada a la sociedad, oponiéndose a las prácticas de encierro y aislamiento vigente.
La ley, guiada por el espíritu de la Salud Mental como un derecho humano que debe ser acercado a las personas y no efectuarse desde una institución estática, fue reglamentada en mayo de 2013.
«Luego de largas jornadas, de caminar mucho el país y de datos epidemiológicos encontramos nueve problemas en relación a la Salud Mental y a la no implementación de la Ley 26.657», dijo.
La estigmatización y discriminación fue el primero de los problemas identificados y, para ello, el plan nacional propone la difusión de derechos, la creación de proyectos destinados a la promoción de la equidad, interculturalidad y perspectiva de género y el aumento de la accesibilidad de servicios, dispositivos y actividades de salud de la población.
El segundo inconveniente es la existencia de una red de salud mental deficiente o directamente inexistente acorde al abordaje centrado en los derechos que propone la ley, lo que constituye un tema central del cambio de paradigma porque sin la existencia de esta red es imposible la desinstitucionalización, es decir, la no internación de los pacientes.
Ante esta problemática, el plan establece con claridad la necesidad de crear dispositivos comunitarios, servicios de Salud Mental en hospitales comunes y el cierre en forma programada y gradual de los neuropsiquiátricos.
Otras dos falencias detectadas fueron la inclusión inadecuada de las adicciones y los consumos problemáticos dentro del campo de la salud mental, así como que la red de servicios no contempla la especificidad de la problemática en niños, niñas, adolescentes y adultos mayores.
Ante ambos problemas la solución planteada es el trabajo interdisciplinario, la creación de dispositivos, programas y recursos que trabajen en prevención, entre otra serie de medidas.
El quinto problema detectado es la formación ineficiente de los recursos humanos en salud mental: «Hay que formar a los profesionales en el nuevo paradigma, porque muchos de ellos fueron capacitados en viejas prácticas y nuestro gran desafío es que las prácticas que se implementan en todo el país sean acordes al espíritu del plan y de la Ley», describió Massa a la agencia Télam.
El plan también establece acciones para combatir el escaso desarrollo de la epidemiología en Salud Mental; el escaso desarrollo de un sistema de monitoreo y evaluación de la calidad en la atención de los servicios y la falta de investigación acorde a las necesidad de la población, que constituyen los problemas seis, siete y ocho, respectivamente.
También se menciona como falencia que en el abordaje de emergencias y desastres no está contemplada la Salud Mental y se propone revertir esta situación con capacitación.
El plan finaliza fijando 31 metas con sus respectivos indicadores que permitirán un monitoreo del trabajo que se realizará en tres etapas antes de 2020.
«No estamos bien, pero estamos mucho mejor, y estamos caminando. Queda mucha tarea por delante y necesitamos del trabajo de todos y de todas las jurisdicciones», concluyó Massa.
