La Justicia de España condenó ayer al laboratorio alemán Grünenthal a indemnizar a las víctimas locales de la talidomida, un medicamento para embarazadas que hace cinco décadas causó graves malformaciones fetales, principalmente de las extremidades.
Grünenthal tendrá que pagar a cada víctima 20.000 euros (unos 160.000 pesos) por cada grado de discapacidad provocada por el medicamento, una decisión calificada como «histórica» por los afectados españoles, que preven demandas a nivel mundial tras este fallo, reportó la agencia alemana de noticias DPA.
Pero aún resta determinar el número de personas que podrán beneficiarse de la sentencia, que reconoce una centena, pues la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite), que en febrero de 2012 demandó al laboratorio, procurará que llegue al resto de los afectados, dijo su abogado, Ignacio Martínez.
La asociación la conforman dos centenares de personas, muchas de ellas sin extremidades, si bien calculan que puede haber miles de víctimas por el fármaco.
Avite acogió el fallo judicial casi con euforia. «Somos la primera asociación en el mundo que ha derribado a un imperio farmacéutico alemán», manifestó su presidente, José Riquelme, en rueda de prensa.
«Se trata de una sentencia histórica que va a provocar demandas a nivel mundial contra el imperio de las farmacéuticas», vaticinó.
Las víctimas solicitaron en total 204 millones de euros (más de 1.600.000 millones de pesos) en el juicio celebrado el 14 de octubre en Madrid, en el que Grünenthal pidió la desestimación de la demanda al considerar que los hechos habían prescrito y que no era posible aportar pruebas medio siglo después.
La talidomida comenzó a comercializarse en 1957 para paliar las náuseas de las embarazadas. En 1961 se retiró del mercado alemán al comprobarse una serie de efectos secundarios -miles de niños nacieron con malformaciones a nivel mundial- pero en España se distribuyó hasta 1965 a través de tres laboratorios y con siete nombres comerciales diferentes.
La jueza de Madrid que juzgó el caso afirmó en la sentencia que Grünenthal tuvo «un comportamiento negligente» al distribuir la talidomida ya que conocía sus efectos «nocivos» y por no informar a los médicos españoles por qué interrupió las ventas en 1961. En el prospecto, señaló, se indicaba que el fármaco era de «acción segura, insípido e inocuo».
Grünenthal «respeta pero no comparte» los argumentos de la sentencia, dijo el laboratorio en un comunicado y anunció que la analizará «con mayor grado de detalle y decidirá las acciones que estime más apropiadas».
El grupo alemán considera que su conducta fue acorde «al estado del conocimiento científico y con los estándares que prevalecían en aquel momento» y apuntó que «otras compañías fabricaron y comercializaron sus propios productos con talidomida en España».
La existencia de víctimas de la talidomida no se reconoció en España hasta 2010, cuando el gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero garantizó a 24 personas ayudas económicas de entre 30.000 y 100.000 euros.
