Una ley antitabaco dio sus frutos en España puesto que tras cuatro años de aplicación se registró una caída en el número de muertes relacionadas con el consumo de cigarrillo, según un estudio de la Sociedad Española de Epidemiología.
Sin embargo, no hubo un evidente descenso en el consumo más allá de la tendencia detectada previamente.
«Tras la ley, aproximadamente mueren 1.500 personas menos por consumo activo y pasivo. De estas 1.500, 1.200 son por consumo activo y 200 y pico por consumo pasivo, menos que antes de la implantación de la ley», dijo Esteve Fernández, de la Unidad de Investigación y Control del Tabaquismo, miembro del Institut Catala d’Oncologia y coordinador del estudio.
Los autores del estudio «Evaluación del impacto de la Ley de medidas sanitarias frente al tabaquismo» hicieron la estimación anual examinando la reducción de los ingresos hospitalarios por infarto agudo de miocardio.
El dato tiene en cuenta los efectos de la ley y el descenso del consumo.
La Sociedad Española de Epidemiología defiende un endurecimiento de la ley porque ésta consiguió reducir la exposición al tabaco en el entorno laboral, aunque hay un margen de mejora en el área de la hostelería donde los resultados son heterogéneos.
Se han «detectado disminuciones muy grandes, que no llegan al 100 por cien pero son del 95 por ciento, por ejemplo, en los niveles de exposición de los camareros no fumadores, que pasaron a trabajar en lugares donde se prohibió completamente fumar», explicó Fernández.
«Sin embargo, en los locales en los que hay zonas (de fumadores) o en los que se sigue fumando completamente vemos que incluso hay un aumento de la concentración de la nicotina en estos lugares y de la cotinina en la saliva (de los trabajadores)», agregó.
La ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció en diciembre que este año se prohibirá fumar en todos los lugares públicos cerrados, argumentando que la sociedad española «está madura» para esta decisión y que no causará perjuicios económicos.
Otros especialistas se sumaron a esta opinión.
«El argumento de la ruina económica es un argumento artificial, en algunos casos muy sesgado y que desde luego no se demostró en ninguno de los países donde se aplicaron normativas de ese tipo», declaró Manel Nebot, del Servicio de Evaluación y Métodos de Intervención de la Agencia de Salud Pública de Barcelona, otro de los coordinadores del estudio.
La Federación Española de Hostelería sostiene que la prohibición causaría un descenso de las ventas y llevaría a mucha gente a quedarse en casa.
La Sociedad de Epidemiología destaca además que la ley fue bien aceptada por la población.
