¿La felicidad es un estado momentáneo y pasajero del espíritu o tiene que ser garantizada por el Estado?. El debate está abierto en Brasil, donde se pretende que la Constitución establezca que los derechos sociales son esenciales para lograr ese estado de ánimo.
«Son derechos sociales, esenciales a la búsqueda de la felicidad, la educación, la salud, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad (personal y social), la protección de la maternidad y la infancia, la asistencia a los desamparados», dice el párrafo que el «Movimiento Más Feliz», una organización no gubernamental, aspira a que se incluya en la Constitución.
De la mano de ese organismo, el asunto llegó a la Cámara Alta, donde el senador y ex ministro de Educación Cristovam Buarque, del Partido Democrático Laborista (PDT, sigla en portugués), ha organizado ya un debate sobre la propuesta.
Según dicen muchos, y corroboran hasta algunas encuestas, no existe un país más feliz en toda Sudamérica que Brasil. Sólo otras dos naciones lo superan en todo el continente (Costa Rica y Canadá) y Panamá lo iguala.
Así lo indica una encuesta realizada por el Instituto Gallup y publicada por la revista Forbes a inicios de junio pasado, en la que Brasil ocupa la duodécima posición, junto con Panamá, entre los lugares alegres del mundo.
La encuesta fue hecha en 155 países entre 2005 y 2009 y, en el caso de los brasileños, más de la mitad de la población se considera «feliz» y apenas un 2% dice estar «sufriendo».
La cuestión de la felicidad es tan antigua como el hombre mismo y ya países como Estados Unidos, Francia, Japón y Corea del Sur incluyeron esta palabra en la propia Constitución.
Ese estado de ánimo es adoptado cada vez más por diversas naciones como uno de los principales parámetros para medir el bienestar de una sociedad.
En particular Bután, un pequeño reino del Himalaya situado entre la China e India, que fue pionero en iniciativas dirigidas a conocer el grado de satisfacción de sus habitantes y creó hace dos décadas el índice de la Felicidad Interna Bruta (FIB).
En el caso de Brasil, la propuesta es que los derechos sociales, que están enumerados en el sexto artículo de la Constitución, sean considerados esenciales para la «búsqueda de la felicidad».
El senador Buarque, el parlamentario más entusiasta del proyecto, explicó que el texto propuesto tiene el objetivo de «humanizar la Constitución, llevando el concepto político (de los derechos) a uno más humano, que coincide con la felicidad», para «concienciar a las personas sobre de los derechos sociales».
El fundador del movimiento, Mauro Motoryn, quien se declara un hombre feliz, explicó que el «Estado tiene que crear las condiciones esenciales para que las personas sean felices», no sólo para asegurar derechos como la educación o la salud, sino para que «sean de calidad» y el ciudadano pueda «alcanzar la felicidad».
En el debate ha terciado hasta la Iglesia católica, que envió un representante a una sesión del Congreso para decir que prefiere que en la Constitución se hable de «bienestar individual», pues según el Episcopado brasileño la noción de felicidad es «algo subjetivo».
Daniel Seidel, secretario ejecutivo de la Comisión Brasileña de Justicia y Paz del Episcopado, considera la propuesta «una gran campaña de marketing», porque lo que realmente impide la felicidad de los ciudadanos es la «corrupción y los políticos corruptos que roban el dinero público».
Morotyn dijo que, en los primeros días del mes de agosto, el movimiento presentará la propuesta a la Cámara de Diputados, donde se deberá comenzar a decidir si Brasil será un país feliz también según la ley.
