Las extranjeras que residan más de un año en Uruguay podrán someterse a un aborto de acuerdo a la Ley de interrupción voluntaria del embarazo aprobada por el Parlamento y cuya reglamentación fue anunciada por las autoridades sanitarias del país.
Con la nueva legislación, Uruguay «se ha convertido en un país pionero en la región», afirmó el ministro de Salud Pública, Jorge Venegas, en la ceremonia en la que se informó sobre el manual y guía de procedimientos que deberán seguir las mujeres, las instituciones sanitarias y los médicos para practicar los abortos.
La nueva ley no legaliza técnicamente el aborto, sino que lo despenaliza siempre que se sigan ciertos procedimientos regulados por el Estado.
Todas las mujeres uruguayas y las extranjeras que acrediten un año de residencia en el país podrán solicitar que se les practique un aborto en cualquier centro público o privado de salud del país, que «estarán obligados a realizar la intervención o a garantizar que ésta se haga por terceros en casos de objeción de ideario», destacó Leticia Rieppi, directora de salud sexual y reproductiva del Ministerio de Salud Pública.
Algunas instituciones sanitarias vinculadas a la Iglesia católica adelantaron que recurrirán a esa objeción de ideario.
Las mujeres podrán solicitar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, período que se amplía a 14 semanas en caso de violación y sin restricciones para el caso de malformaciones del feto o riesgo de vida para la madre.
Previamente, las pacientes deberán pasar por una comisión formada por un ginecólogo, un psicólogo y un asistente social que le asesorarán incluso sobre la posibilidad de culminar su embarazo y dar al niño en adopción.
Posteriormente, la paciente tendrá cinco días para la reflexión y luego de ratificar su voluntad se le practicará el aborto «que será farmacológico» y siguiendo los criterios recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), agregó Rieppi.
El viceministro de Salud Pública, Leonel Briozzo, en la conferencia de prensa que tuvo por sede la Presidencia, destacó que la reglamentación que se aplicará en Uruguay «puede ser un modelo» para otros países de Latinoamérica que «están estudiando como atacar la problemática de los abortos clandestinos».
El objetivo final es «garantizar la salud de la mujer» y buscar una «disminución paulatina» del número de abortos, agregó.
A pesar de que hasta ahora estuvo penado por la ley, en el país cada año se realizan más de 30.000 abortos, según cifras oficiales, aunque la realidad podría doblar ese número, señalan organizaciones no gubernamentales.
Además de la objeción de ideario que podrán esgrimir las instituciones para derivar a otro centro sanitario a sus asociadas, los médicos y técnicos podrán recurrir a la «objeción de conciencia» para no practicar el aborto.
Según una encuesta difundida el pasado mes de septiembre, el 52 % de los uruguayos está a favor de la despenalización del aborto, el 34 % en contra y el 14 % no tiene posición tomada o prefiere mantenerla en reserva.
Varias organizaciones sociales anunciaron que recurrirán a la OEA para denunciar la ley que despenaliza el aborto por considerar que viola los derechos humanos. Así lo adelantó recientemente a Efe, el diputado Gerardo Amarilla, uno de los impulsores del movimiento.
El objetivo es «lograr la defensa de la vida de los más vulnerables, especialmente de los seres humanos concebidos pero aún no nacidos», agregó el legislador opositor, abogado de profesión.
Asesores legales y técnicos de organizaciones de defensa de los derechos humanos y de la vida también participan en la preparación de la denuncia contra el Estado uruguayo que será elevada en aproximadamente seis meses a la Comisión de Derechos Humanos de la OEA.
Amarilla destacó que la ley del aborto, aprobada el pasado 17 de octubre por el Parlamento, viola varios artículos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica.
