La presidente Cristina de Kirchner reglamentó la ley nacional de Salud Mental que garantiza los derechos de las personas usuarias de servicios mentales y establece la responsabilidad estatal de propiciar tratamientos comunitarios, decisión ponderada por especialistas y funcionarios.
En materia de salud mental «es la ley más progresista de la región», aseveró el viceministro de Salud de la Nación, Eduardo Bustos Villar, quien además consideró que el modelo de atención que plantea la norma «está basado en el respeto a la persona en toda su integridad, a los derechos humanos y favoreciendo su inclusión social”.
El decreto 603/2013, publicado en el Boletín Oficial, crea la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones, que funcionará en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
La Comisión será presidida por el Ministerio de Salud de la Nación –que es la autoridad de aplicación de la Ley Nº 26.657– y estará integrada por representantes de las carteras de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La directora de Salud Mental nacional, Matilde Massa, resaltó también la creación del Órgano de Revisión que estará a cargo de la Defensoría General de la Nación (DGN), «cuya tarea será monitorear y fiscalizar el cumplimiento de la ley», señaló la funcionaria a Télam.
Desde la Defensoría celebraron la promulgación y recordaron que el organismo «ha readecuado su funcionamiento», desde la sanción de la normativa «a fin de garantizar el acceso a la justicia de este grupo de personas en especial situación de vulnerabilidad».
En ese sentido, se creó una unidad especial que «funciona desde el 1 de agosto de 2011 y que ya ha defendido a más de 3.900 personas internadas en establecimientos sanitarios públicos y privados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires».
Para la Asesoría General Tutelar (AGT) de la Ciudad de Buenos Aires, mediante la reglamentación «queda reafirmado que las políticas públicas en materia de salud mental deben apuntar a la desmanicomialización y a la sustitución definitiva de toda institución monovalente».
«Este decreto es para festejar», dijo a Télam Gabriela Spinelli, coordinadora del área de salud mental de la AGT, «ya que es un avance notorio, sobre todo en la Ciudad, donde hay tantas resistencias».
Asimismo, la especialista ponderó «el carácter federal» de la norma que «respeta la autonomía de la Ciudad para que cree su propio órgano de control, lo que es muy satisfactorio».
El decreto también se refiere «al cierre de manicomios públicos y privados para el año 2020, de acuerdo a lo acordado por distintos países, entre ellos Argentina, en lo que se conoce como consenso de Panamá», agregó la psicóloga.
Destacó también que «se haya incluido claramente a las personas con consumo problemático de sustancias» como usuarias del servicio de salud mental «por lo que las comunidades terapéuticas tendrán que adecuarse también a lo resuelto para 2020».
Por su parte, el interventor del INADI, Pedro Mouratian, consideró que las personas usuarias de servicios de salud mental «han sido históricamente invisibilizadas y marginadas del ejercicio de sus derechos. Se las ha concebido como objetos de tutela y protección privándolas de la participación en la vida comunitaria y de la toma de decisiones».
Por eso, «esta ley marca un hito en el camino de desandar el paradigma, todavía hegemónico en Argentina», aseveró.
Con el decreto conocido hoy concluye el proceso que se inició el 25 de noviembre de 2010, cuando el Congreso Nacional sancionó la ley de Salud Mental que fue promulgada por el Poder Ejecutivo el 2 de diciembre del mismo año.
