La ley de salud mental que entre otras medidas limita las hospitalizaciones y aumenta el presupuesto para atender las enfermedades en este campo comenzó a regir hoy, con apoyo de entidades profesionales y de especialistas, aunque también críticas de otros.
Uno de los puntos salientes de la norma es que reconoce que las personas con patologías psíquicas son autónomas, lo que según las autoridades se inscribe en la política de respeto global a los derechos humanos, en su concepto más extendido.
La ley, que la presidenta Cristina Fernández promulgó anoche, prohíbe en el país la construcción de manicomios, un reclamo que proviene de varios años, formulado por asociaciones de especialistas y de víctimas de hospitalización abusiva.
El acto de promulgación contó con la presencia de representantes de «La Colifata», una radio comunitaria del hospital psiquiátrico Borda, de Buenos Aires.
Varias de las disposiciones de la ley se basan en los reclamos realizados también por el Frente de Artistas del Borda, una entidad que reúne a enfermos hospitalizados y que pudieron desarrollar muchas de sus capacidades, incluyendo programas radiales, escritura de narrativa y poesía, y plástica.
El ministro de Salud, Juan Manzur, interpretó que esta ley es «de avanzada» y «cuenta con el apoyo de todos los sectores». En ese sentido, agregó que se inicia en el país «un proceso de ‘desmanicomización’ de la salud mental», es decir la práctica común de llevar a la internación a quienes son considerados enfermos mentales, a menudo víctimas de condiciones de encierro similares al encarcelamiento.
Informes extraoficiales dan cuenta de que alrededor de 25 mil personas padecen hospitalización psiquiátrica en el país, en el 80% de los casos por más de un año.
El gobierno argentino había creado en abril, como parte de esta misma política, la Dirección de Salud Mental y Adicciones, cuyo titular, Yago Di Nela, declaró que «con esta ley nos unimos a un pequeño grupo de países cuyo eje en salud mental es el respeto a los derechos humanos y con el principio de inclusión y no de exclusión».
Algunas entidades, sobre todo las vinculadas al ejercicio tradicional de la psiquiatría, se opusieron al proyecto durante su discusión parlamentaria, principalmente por poner en paridad los conceptos «científicos» junto con las valoraciones de derechos humanos.
La norma dispone que la atención a los enfermos deberá realizarse mediante una red de servicios de salud mental que tomen en cuenta la inserción en la comunidad y no el aislamiento. Las hospitalizaciones, por lo tanto, deben ser asumidas como un procedimiento terapéutico para usar únicamente en situaciones excepcionales, por ejemplo en caso de riesgo de vida para el paciente, y en establecimientos generales, no ya los manicomios.
El 10% del presupuesto del ministerio de Salud tendrá que ser destinado de ahora en más a promover la aplicación de estos conceptos, también con el objetivo de originar el trabajo interdisciplinario entre los equipos de salud. Los profesionales de estas disciplinas diversas no tendrán supremacía unos sobre otros, aspecto que también inquietó a las entidades tradicionales de psiquiatría.
El autor de la iniciativa, el ex diputado Leonardo Gorbacz, dijo que el cumplimiento de la ley evitará en el futuro que personas que padecen enfermedades mentales estén hospitalizados «por décadas o de por vida».
Alrededor de esa práctica, declaró, «está además el negocio de los medicamentos, y el de las clínicas privadas que prolongan indefinidamente las internaciones por la ganancia que ello les da».
Hizo notar que las hospitalizaciones indefinidas agravan la situación del paciente, porque terminan aislándolo de su familia y de la comunidad a la que pertenece.
