Dos proyecto de ley sobre aborto -el de interrupción voluntaria del embarazo, que lleva la firma de 50 diputados, y otro para reformar el artículo 86 del código penal, que mantiene la penalización- serán debatidos el próximo 27 en la Comisión de Legislación Penal, informó hoy su presidente, el diputado cordobés Juan Carlos Vega (Coalición Cívica).
En total, son siete las propuestas para tratar este tema tan grave como controversial. Según cifras oficiales, el aborto clandestino es la primera causa de muerte materna, precisamente, de 1983 a hoy fallecieron unas 3.000 mujeres. A su vez, se calcula que medio millón de abortos se practican en el país. De las que toman esta decisión, las más jóvenes y las más pobres son las más vulnerables.
«Será una reunión para poner en consideración dos proyectos, el de Horacio Alcuaz», que expresa el elaborado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, y otro, «mío y de Oscar Abrieu, que reforma el artículo 86 del código penal, manteniendo la sanción penal», sostuvo Vega.
Este artículo ya habla de la interrupción de embarazos tanto legales como no legales, aunque cuesta ponerlo en práctica, por más que exista una “Guía técnica para la atención integral de abortos no punibles”, elaborada por el Ministerio de Salud.
El proyecto Vega-Abrieu «mantiene la sanción penal y le da operatividad a las excepciones en los casos en que el embarazo esté generado en un hecho violatorio y en que pone en peligro la salud de la madre, con 12 semanas como límite», contó el diputado.
Para Marta Alanis, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir y adherente a la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, «la convocatoria del presidente de Legislación Penal es poco clara, en un momento preelectoral complicado para este debate, y habiendo presentado un proyecto de ley que está por detrás de lo que ya existe».
Alanis impulsa un proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo al que adhieren 50 diputados, entre los que se encuentran los oficialistas Adriana Puiggrós, Diana Conti, Héctor Recalde, Adela Segarra (FPV); -María Luisa Storani, Néstor Castañón (UCR), Cecilia Merchán, Victoria Donda (Libres del Sur), Claudio Lozano (Frente Amplio Progresista); Martín Sabatella (Nuevo Encuentro) y Lisandro Valle (Partido Socialista).
La funcionaria consideró que la convocatoria de Vega «más que favorecer el debate, es una estrategia para obturarlo, en medio de un momento electoral».
Es que para las 20.000 mujeres de distintas organizaciones sociales que integran la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal y Seguro, la despenalización implica la derogación de los artículos del Código Penal que lo tipifican como delito.
Alanis observó que «circunstancias que actualmente se contemplan en el Código Penal como abortos no punibles, pueden darse luego del plazo de 12 semanas», por lo que, «con las modificaciones propuestas, se volverían punibles».
Vega informó que el martes «27 a las 15 en el edificio Anexo al Congreso se establecerá la reunión, con un reglamento que establece que debe estar presente el 50% de los diputados pero, pasada la media hora, se puede discutir con diez presentes, y el resultado pasa a la segunda comisión, que es la de Familia».
Alanis enfatizó que «el derecho al aborto no se puede aprobar con un proyecto de simple mayoría, sino que se merece un tiempo de debate acorde a un problema tan importante para las mujeres».
«Digo esto después de haber confiado, tras las dos audiencias, en que la voluntad política de Vega fuera más clara. Hizo gestos a favor y terminó con un proyecto retardatario», dijo la integrante de la campaña cuyo lema es «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir».
