Geron Corporation, la primera empresa autorizada por la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) de EEUU para realizar ensayos en pacientes con células madre embrionarias, ha suspendido esas investigaciones por falta de dinero, informó la empresa en un comunicado.
La biofarmacéutica canceló el estudio destinado a un tratamiento contra la paraplejia debido a «la actual situación de escasez de capital y de condiciones económicas inciertas», según indicó Geron en la nota.
No obstante, se mantendrá el seguimiento a la evolución de los pacientes que ya han participado en el estudio y se informará debidamente a la FDA y a la comunidad médica sobre sus progresos.
La empresa elimina de esta forma 66 puestos de trabajo, un 38% del total de sus empleados. Pero a partir de ahora la compañía se volcará en Imetelstat y GRN1005, dos tratamientos experimentales contra el cáncer.
«Al reducir la investigación al área de la terapéutica oncológica, esperamos tener recursos financieros suficientes para alcanzar esos puntos de inflexión. Esto no sería posible si seguimos aportando fondos al programa con células madre embrionarias a los niveles actuales», añadió la compañía, con sede en California.
El Gobierno de EE.UU. autorizó a Geron el 23 de enero de 2009 la primera prueba en humanos de un tratamiento con células madre para los daños de la médula espinal. Se trataba de pacientes clasificados por la Asociación Americana de Lesión de la Médula Espinal (ASIA) de «grado A», la más severa. Además, la herida debía ser muy reciente. Esas personas recibieron las inyecciones de las células, denominadas «GRNOPC1».
En julio de este año un juez federal desestimó la demanda presentada por dos científicos contra la financiación gubernamental para la investigación con células madre. El presidente del país, el demócrata Barack Obama, redujo mediante una orden ejecutiva en 2009 las restricciones a la investigación con células madre impuestas durante la presidencia del republicano George W. Bush (2001-2009) y amplió la financiación para ese campo.
Los demandantes, los científicos James Sherley y Theresa Deisher, sostenían que las investigaciones con fondos del Instituto Nacional de Salud (NIH, por su sigla en inglés) violaban la ley Dickey-Wicker de 1996, que prohíbe que los contribuyentes financien proyectos que dañen un embrión.
