Una joven de 28 años que llegó al hospital Fernández con un aborto en curso fue detenida tras haber recibido atención luego de haber sido denunciada por las médicas que la asistieron. El caso, que ocurrió hace cuatro meses, pero que recién fue dado a conocer hoy, abrió el debate sobre la preservación de los derechos individuales y el deber de confidencialidad.
Según informó el diario Página 12, la joven concurrió a la guardia el 29 de junio y fue asistida por las médicas Julieta Andrea Wainfeld y Virginia Diedrich cerca de las 12.30, quienes tras constatar que el feto estaba muerto, la indujeron a un parto para expulsarlo.
Frente a la presunción de que ella misma se había provocado la interrupción del embarazo con pastillas, a la mañana siguiente, Rosana Elizabeth Buffa, médica del área de Obstetricia del Fernández, resolvió denunciarla a la policía cuando empezó su turno laboral, según surge del expediente judicial.
La joven fue trasladada a la comisaría 53ª de la Policía Federal, donde permaneció presa por 10 horas, cuando todavía sufría pérdidas. El accionar de los médicos llamó la atención de la Defensoría General de la Nación, cuya titular, Stella Maris Martínez, comunicó los hechos a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y a la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema.
Martínez envió una nota a la ministra de Salud de la Ciudad, Graciela Reybaud, y al director del Fernández para advertirles que al denunciar a la paciente se violaron sus derechos –a la vida, a la salud, a la intimidad, entre otros– y a la vez se la sometió a violencia institucional y obstétrica, de acuerdo con los términos de la Ley 26.485, de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. Allí precisó también que cuando un médico realiza una denuncia por hechos que conocen bajo el amparo del secreto médico, vulnera derechos contemplados en la Constitución Nacional y en tratados internacionales.
«Es un tema gravísimo que profesionales de un hospital público denuncien en comisaría a una mujer que se autoprovocó un aborto con pastillas», declaró Efe la legisladora María Elena Naddeo. «Las médicas han violado el secreto profesional y varios fallos judiciales», añadió.
La mujer había contado a la defensora pública que la asistió que las médicas que la atendieron le habían hecho comentarios condenatorios y hasta incluso le habrían indicado una dosis menor de remedios para el manejo del dolor, para que “sienta lo que hizo”, aunque luego la enfermera encargada le dio finalmente la dosis completa.
Página 12 consultó al Ministerio de Salud de la Ciudad, y una vocera informó que “los médicos están obligados a realizar la intervención policial” ante “la presunción o evidencia de maniobras abortivas”, por indicación “de la Dirección General Legal y Técnica” de esa cartera. Sin embargo, el accionar se contrapone con un fallo de la Corte Suprema que en un caso anterior, conocido como “Baldivieso”, consideró que el conocimiento de hechos posiblemente delictivos en el marco de la atención de un paciente quedan bajo el amparo del secreto profesional, por lo que a las médicas les está prohibido realizar la denuncia y esta además sería inválida.
El Juzgado Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 13, a cargo de Luis Alberto Zelaya, terminó por declarar la nulidad de la causa contra la mujer y con su sobreseimiento, “por haber tomado noticia del hecho perseguido a través de un medio probatorio ilícito”.
Así el magistrado consideró que el secreto médico exige a los profesionales de la salud mantener la confidencialidad sobre la información obtenida a través del vínculo con su paciente.
