Un grupo de 500 mujeres argentinas víctimas de los implantes mamarios PIP pidieron a Francia y a la Unión Europea (UE) la creación de un fondo de indemnización para que puedan extraer urgentemente esas prótesis que pueden ser «peligrosas» para la salud.
«Somos los portavoces de un grupo de mujeres (argentinas) y pedimos al ministerio (francés) de Sanidad y a la UE la creación de un fondo de indemnización para las víctimas extranjeras a fin de permitir urgentemente la extracción de este problema que puede volverse peligroso», anunció a la prensa el abogado Ari Alimi.
El letrado recordó que «el gobierno argentino no propuso para nada una solución financiera para esas mujeres que se encuentran ahora mismo en una situación bastante atroz», al tiempo que sugirió que el fondo sea alimentado por la «próspera» industria farmacéutica o la industria de dispositivos medicales.
A su vez, el abogado dijo representar en Francia a su colega argentina Virginia Luna, que constituyó este grupo de 500 mujeres que decidió asimismo presentar una denuncia en ese país contra la sociedad Poly Implant Prothèse (PIP), que quebró en 2010 ante reiteradas denuncias de rupturas de sus prótesis.
Pero Alimi teme que la sociedad PIP sea declarada insolvente al final del proceso judicial y que no pueda indemnizar a las víctimas, por lo que solicitó al Estado francés y la UE para que constituyan un fondo principalmente para las mujeres cuyos países se niegan a financiar la operación.
Según él, «hay una responsabilidad de la UE» porque «la legislación sobre los dispositivos medicales es europea» y fue la que permitió que los implantes de PIP fueran vendidos «por todo el mundo».
El letrado no quiso hablar de «error» de las autoridades sanitarias europeas, a la espera de los resultados de la investigación, pero sí se refirió a «carencias» del sistema que permitieron la difusión planetaria de las prótesis. Entre 400.000 y 500.000 mujeres en todo el mundo portarían estos implantes.
Los representantes de las mujeres argentinas pidieron cita con el ministerio francés de Salud y con las autoridades europeas con la idea de plantear la creación de ese fondo no sólo para el caso PIP, sino para todos los escándalos que puedan estallar en el sector de la salud.
Según las cifras del grupo de Virginia Luna, comunicados por sus abogados en París, cerca de 15.000 argentinas llevan implantes PIP. En diciembre, las autoridades sanitarias de nuestro país exhortaron a las mujeres que tienen prótesis mamarias de la marca francesa PIP a consultar al médico y mantener los controles sobre la situación del implante.
Las PIP fueron prohibidas por la ANMAT en abril de 2010, días después de que el Gobierno francés tomara una decisión semejante.
En Francia, donde estalló el escándalo, se registraron 20 casos de cáncer entre portadoras de implantes PIP, sin que de momento se haya confirmado una relación causa-efecto. Las autoridades recomendaron a las 30.000 mujeres concernidas que se los hagan retirar.
PIP producía 100.000 implantes al año y exportaba casi el 84% de su producción, sobre todo a Sudamérica, España y Gran Bretaña.
Jean-Claude Mas, fundador de la empresa PIP, asumió ante los investigadores que utilizó un gel de silicona no homologado, derivado de una fórmula propia y disimulado ante el organismo certificador.
Mas precisó que «a partir de 1993», es decir dos años después de la creación de la empresa PIP, «ordenó disimular la verdad» ante el organismo certificador alemán TÜV, años antes de la salida al mercado de los implantes ahora incriminados.
