El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires apeló el fallo de la jueza Patricia López Vergara que suspendió el protocolo de asistencia para los casos de aborto no punibles que implementó la gestión del PRO.
«La presentación del escrito se realizó esta semana», confirmó a la agencia Télam el Procurador General de la Ciudad, Julio Conte Grand.
La abogada que patrocinó a la diputada María Rachid, quien junto al constitucionalista Andrés Gil Domínguez presentó el amparo contra el protocolo sobre aborto no punible del gobierno porteño, consideró que «es lógico que apele, es parte de su obligación como funcionario».
De todos modos, la abogada Flavia Massenzio aclaró que «la medida de la jueza sigue vigente», lo que significa que «el protocolo no puede aplicarse».
El amparo fue presentado por Rachid al advertir «las contradicciones y excesos reglamentarios» que evidenciaría la resolución firmada por el ex ministro de Salud porteño Jorge Lemus.
Massenzio señaló: «Aún no pudimos ver los fundamentos de la apelación, porque todavía no está incorporada al expediente y la jueza no la firmó».
La causa sigue sumando adhesiones, ya que se presentó también como parte el Ministerio Público Tutelar, representado por la asesora general tutelar, Laura Musa, y por Mabel López Oliva.
Lo hicieron «apoyando las peticiones» de Rachid y Gil Domínguez y «ampliándolas a los efectos de que se garantice el derecho al aborto no punible de las niñas, adolescentes y mujeres afectadas en su salud mental», informó el organismo.
Mussa afirmó que “la posibilidad de las niñas y adolescentes de consentir el aborto no punible sin intervención de los representantes legales significa un reconocimiento sumamente importante de su capacidad de decisión sobre temas trascendentales para sus propias vidas”.
En tanto, la legisladora María Elena Naddeo dijo que «la apelación del gobierno de Mauricio Macri demuestra su negativa a entender que ya la Justicia se expidió sobre los casos de aborto no punibles».
Calificó la actitud del jefe de Gobierno porteño como «un dogmatismo obcecado, al querer seguir utilizando el protocolo del Ministerio de Salud de la Ciudad que lo único que va a generar es mayores angustias y sufrimientos a las mujeres y jóvenes víctimas de violaciones».
Para Naddeo la apelación «es redundancia procesal, porque el fallo de la Corte ha sido ratificado claramente».
En tanto, la abogada de Rachid anticipó que «es probable que tengamos una sentencia judicial definitiva en poco tiempo porque los plazos son cortos».
En su resolución del jueves último, la jueza López Vergara consideró que el protocolo del Gobierno porteño es de un «exceso reglamentario», ratificó lo aprobado por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y estableció pautas que se deberán seguir en los hospitales.
En su fallo ratificó el texto votado en mayoría por legisladoras y diputados en cuanto a que es el equipo médico, sin otra intermediación, el que fija la fecha límite gestacional; y que no es necesario el consentimiento de representantes legales de las jóvenes a partir de los 14 años para proceder a la intervención.
Además, estableció un plazo de 30 días, a partir de conocida la medida cautelar, para que los profesionales de la salud notifiquen su objeción de conciencia.
También presentaron un amparo contra la medida de Macri la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI).
