La comisión de Legislación penal de la Cámara de Diputados firmó dictamen de mayoría a un proyecto que establece la despenalización del aborto y avanza en su legalización. Con seis votos sobre 12 presentes se aprobó la interrupción voluntaria del embarazo hasta la duodécima semana de gestación a través de un sistema «seguro, legal y gratuito».
Antes de llegar al recinto el proyecto, que firma la diputada Juliana Di Tulio y otros 50 legisladores, deberá pasar por las comisiones de Familia y Salud, ya que también tiene giro a esos cuerpos. Una de sus principales impulsoras es la diputada Cecilia Merchán (bloque Juana Azurduy, ex Libres del Sur), vocera del mensaje “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”.
Pero también se emitió un dictamen de minoría del proyecto del presidente de la comisión, el diputado Juan Carlos Vega (Coalición Cívica), quien convocó la reunión. La propuesta, que terminó por llevar sólo su firma, planteaba la reglamentación del Artículo 86 del Código Penal, donde se contemplan las excepciones no punibles de los abortos, precisamente, en casos de violación y cuando corre riesgo la vida y la salud de la mujer
Luego de varias idas y vueltas en la convocatoria, en la sala 1 del edificio del Anexo de la Cámara baja se inició el análisis parlamentario de los siete proyectos que –con distintos enfoques- plantean la interrupción voluntaria del embarazo. El debate comenzó de manera intensa, ya que en un principio sólo se iban a discutir cinco de las propuestas (las que les correspondía giro sólo a Legislación Penal y Familia) e iban “a ponerse en vista” dos a las que también les correspondía el giro a la Comisión de Salud, además de ser las más apoyadas.
El encuentro continuó de forma enérgica, ya que el tema en sí mismo despierta polémica entre los defensores de la iniciativa y quienes se oponen a ella, en una discusión en la que se mezclan cuestiones morales, ideológicas y religiosas, como ocurrió con el matrimonio igualitario que finalmente fue aprobado.
Pese a que la presidente Cristina de Kirchner se pronunció en contra del aborto, no dio instrucciones para interrumpir el debate, por lo que legisladores del Frente para la Victoria están entre los impulsores de la iniciativa. Una de ellas es la diputada Diana Conti, quién reconoció que a pesar de que este tema “no está en agenda del Ejecutivo”, los presentes del bloque oficialista “exigen el dictamen”.
Sesión con minoría y posturas encontradas
A pesar de que los diputados que integran la Comisión de Legislación Penal son 31, fueron apenas 12 los que asistieron al debate. Sin embargo, se apeló al artículo 102 para poder sesionar con minoría. Vega, quien participó como diputado pero también medió el encuentro, llamó a que se leyeran las ausencias.
Sin embargo, quienes cobraron especial protagonismo fueron dos diputadas que no integran la Comisión. La primera es Merchán, quien consideró que al debate “histórico” y se mostró “más que satisfecha de que se haya instalado en el Congreso un tema que es muy debatido en la sociedad”. La segunda es Cynthia Hotton, del monobloque Valores para mi País, quien se manifiesta en contra del aborto.
Hotton enfatizó en la idea de manifestarse “a favor de la vida del niño por nacer” y resaltó que el aborto “deja en la mujer secuelas físicas y psíquicas irreversibles”. Más duro, el diputado salteño Alfredo Olmedo, presente en el debate, afirmó que la interrupción del embarazo “es la pena de muerte para seres indefensos”.
Los proyectos generan preocupación en la Iglesia Católica, que comenzó a trabajar abiertamente en contra, en medio de la pulseada por la sucesión del cardenal Jorge Bergoglio que se concretará dentro de dos semanas, a partir del 14 de noviembre.
Pero luego de dos audiencias públicas al respecto, comenzaron a estudiarse las propuestas, entre las que se destaca una norma respaldada por unos cincuenta legisladores de distintos bloques, que despenaliza el aborto voluntario en las primeras doce semanas de gestación. Esa iniciativa fue el resultado de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, de la que forman parte más de 250 organizaciones de la sociedad civil.
Según datos de la ONG Human Rights Watch, en el país se realizan cerca de 400 mil abortos clandestinos. Para Vega, quien había convocado una reunión con representantes de esa organización el año pasado, garantizar que los casos no punibles se concreten sin la intervención de un juez y puedan efectuarse con certificación médica y denuncia policial, reduciría las muertes maternas asociadas a esta causa a la mitad.
Sin embargo, para la diputada Vilma Ibarra (Nuevo Encuentro), la única opción para reducir los decesos es la despenalización, ya que “la criminalización del aborto demostró ser ineficaz para evitarlos, pero muy eficaz para llevarse vidas”.
También para Victoria Donda (Libres del Sur), la solución es la interrupción del embarazo legal y gratuita, ya que “sólo las que tienen dinero acceden a prácticas seguras”, y la mayoría de las mujeres que fallecen “son jóvenes y pobres”.
Afuera, manifestaciones
Organizaciones a favor y en contra de la interrupción voluntaria del embarazo realizaron movilizaciones al Congreso nacional. Pancartas con voces opuestas cortaron la Avenida Rivadavia a la altura de Riobamba y permanecieron allí hasta el cierre del debate, a las 19.
En afiches pegados en las calles y a través de las redes sociales, se difundió el siguiente mensaje: «Todos al Congreso, digamos no al genocidio del aborto. 1 de noviembre, 14.00, Rivadavia y Riobamba. Defendamos a los bebés por nacer». Pero también se hizo presente la agrupación de mujeres Las Rojas, que repartía volantes con el lema: “Que la calle sea la tribuna de miles de mujeres por el derecho al aborto ya!”.
Por otra parte, dentro de la línea opositora, la organización Unidos por la Vida publicó el domingo una solicitada en la que declaró que sus integrantes están «a favor de la vida porque todo ser humano tiene derecho a vivir sin que nadie se lo impida».
«Un niño que muere en un aborto es una persona que el mundo se pierde. Los niños deben ser protegidos, no agredidos«, decía la declaración, que fue firmada por la Academia Nacional de Medicina, la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), la Acción Católica Argentina, la Asociación Bautista Argentina (ABA), la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa (ACDE), el gran rabino Issac Sacca (Sefardí), la Universidad Católica Argentina, la Universidad Austral, entre otras instituciones y personalidades. También adhirieron el expresidente Eduardo Duhalde, y los diputados Cynthia Hotton, Silvia Majdalani, Dante Camaño y Graciela Camaño, entre otros.
