Reducir a qué efectos causan tal o cual droga, introducirnos en el debate de las legales o las ilegales, si hay que despenalizar o no su tenencia, sería minimizar los efectos que el consumo abusivo produce. El impacto de su uso y abuso va más allá. Asociadas a la marca que dejan las crisis por las que el adolescente atraviesa, las drogas se convierten en un cóctel que incitan a la desestabilización, a la locura y hasta la muerte, tanto del usuario como la de los miembros que conforman su contexto social.

Cuando se habla de adicción, la mirada debería evitar tener sesgos individualistas, y referirse sólo al que la padece, sino ampliar la visión del sujeto y notar que detrás se encuentra tanto una familia desestabilizada, como todo un barrio que se ve afectado por el padecimiento del adicto.

Por lo tanto contemplar sólo los aspectos individuales y velar por los derechos a la elección, sería desconocer las consecuencias sociales que conlleva el hábito del consumo.

Afirmar que el uso de drogas en sí mismo mata, sería una visión incompleta, porque como ya afirmamos la adicción no es sólo un problema personal,  sino una patología social, y reconocer que hay un alto índice de la tasa de mortandad social sería lo mas cercano al reconocimiento de sus efectos nocivos que devienen en muerte por  asociarse a situaciones de riesgo, tales como propiamente el consumo desmedido devenido en sobredosis, estados psicóticos tóxicos, situaciones delictivas,  promiscuidad sexual, los infartos, los accidentes, el contagio del VIH,  embarazos precoces, los abortos clandestinos, que afectan tanto al consumidor como al que se cruza en su camino.

En enero de 2007, se expuso en los medios masivos de comunicación que en todo el país mueren cada día seis chicos de entre 15 y 24 años por causas violentas:  chocan o los atropellan,  los agreden, los asaltan o se suicidan. Las autoridades dicen que directa o indirectamente el uso de drogas legales o ilegales se esconde detrás de estas tragedias.

Una encuesta realizada por el Instituto Superior de Ciencias de la Salud (ICSS) develó que entre 2817 alumnos secundarios de Capital Federal y Gran Buenos Aires, el 9,48% de los entrevistados admitió consumir drogas (Análisis más actuales indican que este número ascendería a un 11%).

Del total de ese porcentaje, el 5,16% corresponden a estratos sociales bajos, mientras que el 25% pertenecen a barrios de altos ingresos. Ese estudio revela que entre todos los chicos que contestaron el interrogatorio y aceptaron estar consumiendo drogas, seis de cada diez viven en familias con ingresos que superan los $ 2000.

Según Claudio Santa María, rector del instituto y responsable de la investigación, «los padres con más altos ingresos tienen hijos que están mas expuestos a la droga y caen mas en la tentación»(1).

Síntomas sociales que favorecen el consumo:

• Mayor oferta

• Mayor disponibilidad

• Tolerancia Social y familiar

•Naturalización de algunos medios de comunicación y hasta comicidad

•Altos índices  de vulnerabilidad de hogares en la crianza de los niños

•Paradojas en políticas intervencionistas del estado

•Falta de alineamiento territorial en la articulación de políticas nacionales

•Debilitación y hasta negación del marco jurídico que exhorta a funcionarios a generar políticas preventivas y asistenciales de las adicciones a las drogas  y alcohol.

•Precariedad en la formación de profesionales que aborden esta problemática.

Tanta confusión a partir de ideas encontradas en las políticas activas contra este flagelo motivó a una mayor exposición en la oferta y  del consumo que llegamos en la actualidad a ser un país que legitima estas prácticas.

En los años 80 y hasta la mitad de la década del 90, el perfil del «dealer» (distribuidor barrial de drogas) era el de una persona que ocultaba esa actividad clandestina a los miembros de su propia familia: ni él ni los suyos consumían, se mantenía en el anonimato: su identidad y lugar de ubicación eran sólo revelados a los elegidos que prometían lealtad, no desenmascarar su identidad ni su paradero. Sólo llegaban a él los «conocidos».

En la actualidad, su lugar fue popularizándose de tal forma, que muchos van a comprar a las villas donde se vende las 24 horas. Y donde lo más común es comprarle al » trafiadicto», alguien que vende y consume y hace diferencias entre lo que compra y lo que vende, como si fuera un tercerista.

El antiguo estereotipo del adulto «transa» (2) que vende en la puerta de la escuela, o que engaña de forma seductora en algún «boliche» ya no existe. El que inicia en la droga ahora es algún conocido, ya sea algún amigo o miembro del circulo íntimo de pertenencia.

Hoy en día basta con mirar en los cables de luz: las zapatillas colgadas representan una señal socialmente conocida que indica que allí se halla un centro de distribución de drogas.

En todos los barrios hay kioscos, deliverys y hasta venta por Internet en el que se puede acceder a  sustancias psicotóxicas y psicoactivas, «legales» e «ilegales»,   según gustos, estados que provocan, preferencia y distintos grados de calidad y de precios a «elección» del consumidor. (3)

Apéndice

(1) «Accidentes, violencia y SIDA: los frutos ocultos de la droga» Publicación diario Clarín, equipo de investigación, 7 de enero de 2007, Pág.28.

(2) Distintas nominaciones que se le adjudican al distribuidor de drogas.

(3) El fuerte aumento de la oferta, y la obviedad con la que se lleva a cabo su publicidad, nos lleva a pensar que hay, por parte de nuestro estado, una marcada contradicción perversa de los agentes sociales de control y prevención en sus funciones. En tal sentido, sólo existen estadísticas de incremento en el consumo social, se lleva a cabo la publicidad de los espacios de tratamiento, pero se carece totalmente de políticas de reducción y eliminación de la contaminación ambiental de estupefacientes, por el contrario, su difusión es cada vez más explicita y hasta existen proyectos de ley que están orientados a la legalidad   de su tenencia, consumo  y comercialización.