La cantidad de personas con VIH en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) es casi siete veces superior al de la población en general, según un estudio realizado por el Ministerio de Salud en seis prisiones del país, con apoyo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
El estudio de «Prevalencia de VIH, sífilis, hepatitis virales y tuberculosis en personas en contextos de encierro» muestra que el 2,7% de los internos en unidades del SPF vive con VIH, mientras que en la población general ese índice es del 0,4%.
Los casos de sífilis llegan al 6,8% entre los reclusos y el porcentaje entre las mujeres casi duplica al de los varones (11,2% y 6,4%, respectivamente); mientras que en la población en general oscilan en torno al 0,7%.
Además, al momento de la investigación el 0,51% de los detenidos tenía hepatitis B crónica y el 3,3% hepatitis C, un resultado similar al que arrojan los bancos de sangre a nivel general.
Respecto de la tuberculosis, frente a una tasa de la población general del país de 20 casos cada 100.000 personas, en las unidades del SPF se detectó una incidencia de 29,6, casi un 50% más.
«Es el primer estudio a nivel nacional sobre estas prevalencias en contextos de encierro y los valores en su gran mayoría superan los datos de la población general, algo que nosotros esperábamos porque se trata de población vulnerable que requiere un abordaje especial», dijo a la agencia Télam uno de los coordinadores del estudio, Juan Sotelo.
La investigación, desarrollada en seis complejos penitenciarios federales del país, estuvo estructurada en torno a dos métodos de relevamiento: una encuesta autoadministrada y voluntaria, de la que participaron 2.277 personas (que representan el 22% de los detenidos), y la extracción de muestras de sangre a la mayoría de los consultados para estimar la cantidad de casos de estas enfermedades.
El estudio se realizó «en primer lugar, porque no existían a nivel nacional datos para caracterizar epidemiológicamente» a la población carcelaria «incluso con respecto a estas enfermedades, que son de notificación obligatoria. Lo interesante sería replicarlo en los penales bonaerenses que tienen la mitad de la población carcelaria del país», dijo Sotelo.
El funcionario de la cartera sanitaria señaló que la otra razón que motivó el trabajo es que «por el principio de la universalidad y la equivalencia, las personas privadas de la libertad tienen derecho a la salud consagrado en el artículo 143 de la Ley de Ejecución Penal”.
«Y en tercer lugar -agregó- porque queremos que esta investigación sirva no sólo para obtener datos numéricos sino como una herramienta para fortalecer y mejorar el trabajo de los equipos de salud».
Este estudio demostró no sólo que el número de afectados por estas enfermedades es mayor en contexto de encierro sino que las conductas de riesgo, como la falta de uso de preservativo, son frecuentes.
El 85% de las personas recluidas en cárceles federales continúa teniendo una vida sexual activa, ya sea con personas que viven extramuros o con compañeros de detención, y sólo el 16,5% de los que el año previo al estudio mantuvieron relaciones íntimas, lo hicieron siempre con condón.
Las prácticas de riesgo también están relacionadas con el uso compartido de elementos de afeitar o depilar, tal como reconoció el 19,6% de los detenidos.
Buena parte de los encuestados manifestó desconocer su condición respecto de estas enfermedades, pese a que varios aseguran que les hicieron los estudios: alrededor del 60% de los internos a quienes se les realizó un test de VIH no saben el resultado.
En cuanto al consumo de drogas, la marihuana aparece como la sustancia con mayor número de usuarios dado que el 56,9% de los detenidos la consumió alguna vez en la vida y el 45,3% en los meses previos a la realización de este estudio; seguida por la cocaína inhalada, con el 47,9% y el 30,6%, respectivamente.
