Las autoridades sanitarias del país exhortaron a las mujeres que tienen prótesis mamarias de la marca francesa PIP, sospechosas de provocar cáncer, a consultar al médico y mantener los controles sobre la situación del implante.
«La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) reitera la importancia de la consulta médica, a fin de programar controles periódicos de la situación del implante y la salud de las portadoras», en relación a las prótesis fabricadas por la empresa francesa Poly Implant Protheses o PIP, señaló el texto publicado en la página web del organismo.
Además, la ANMAT recomendó a los médicos a notificar todos los eventos que pudieran detectarse en dichos controles a las autoridades.
Las PIP fueron prohibidas en Argentina en abril de 2010, días después de que el gobierno francés tomara una decisión semejante. Si bien las autoridades sanitarias no han informado sobre la cantidad de personas que se implantaron este tipo de prótesis, la abogada Mariana Gallego, patrocinante ante la justicia de varios pacientes a los que se les rompieron los implantes, estimó que se trata de unas 15.000.
«Por lo menos 15.000 prótesis fueron colocadas, teniendo en cuenta que ese es el número importado según cifras del ANMAT y que eran muy utilizadas porque eran mucho más económicas y los profesionales confiaban porque Francia es un país con fuertes controles sanitarios», afirmó Gallego.
La abogada reveló que más de un centenar de mujeres se acercaron a su estudio por el problema y actualmente cinco de ellas están litigando ante la justicia por rotura de las prótesis.
«En los juicios se apunta como responsables a la empresa importadora Proestética SA y a la ANMAT porque falló en su deber de control», dijo.
Mauricio D’Alssandro, socio de Gallego en el estudio jurídico y también diputado de la provincia de Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para que las mujeres que quieran extraerse las prótesis puedan hacerlo de manera gratuita, tanto en instituciones privadas como públicas.
