El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Lemus, firmó el jueves por la noche una resolución para la práctica de abortos no punibles. Así, el territorio adhiere a la recomendación sugerida seis meses atrás por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que exhortaba a los gobiernos provinciales a no judicializar estos casos y a implementar guías que reglamenten esta práctica en hospitales públicas.
En la resolución 1.252, que trascendió hoy y acaba de ser publicada en el Boletín Oficial porteño, se especificaron los pasos a seguir para realizar esta práctica en Capital.
En primer lugar, establece “la innecesariedad del permiso judicial previo para llevar adelante una práctica de aborto en los casos en que este procedimiento no es punible de conformidad con lo establecido por el artículo 86 del Código Penal”, es decir, cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es producto de una violación.
Para los casos de personas que hayan quedado embarazadas por un abuso sexual, el gobierno porteño aclara que deberá realizarse con una denuncia policial o una declaración jurada «sin necesidad de requerir autorización judicial» dentro «del límite gestacional de doce semanas, con el correlato ecográfico correspondiente».
A diferencia de otros distritos, la Ciudad requerirá que en los casos de mujeres discapacitadas o menores de edad sean informadas «las personas que por ley ejerzan su representación legal.
El fallo del Máximo Tribunal sobre abortos no punibles se aplica de manera desigual entre provincias y no todas adhieren a la recomendación de los magistrados. Hay jurisdicciones que se suman , pero que no poseen sus protocolos y también están las que se oponen y se proclaman “Pro-Vida”.
