El jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, firmó el veto a la Ley de Regulación de Abortos no Punibles, aprobada por la Legislatura, al considerar que la norma «contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en su fallo del 13 de marzo último.
Según indicaron fuentes del PRO a ámbito.com, el decreto, que se publicará mañana en el Boletín Oficial, lleva las firmas de Macri y de la ministra de Salud porteña, Graciela Reybaud.
Puntualmente, la ley vetada regulaba los casos no punibles cuando corría riesgo la vida o la salud de la mujer o la adolescente, o cuando el embarazo provenía de una violación y admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad y no fijaba un plazo máximo de semanas de gestación para la realización de la práctica.
En el texto del decreto, el jefe comunal sostiene que la ley aprobada en la Legislatura «tal como ha sido redactada contiene prescripciones que exceden los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación» en su fallo de marzo pasado acerca de un caso particular.
Además, dice que el texto que la norma vetada «desconoce la homogeneidad del sistema jurídico establecido por la Constitución Nacional y contrarían expresas disposiciones constitucionales y del derecho de fondo, en especial teniendo en cuenta que se mantiene la calificación penal».
«La eventual incorporación al régimen jurídico de la Ciudad de un texto normativo que colisiona reiteradamente con el ordenamiento constitucional nacional importaría generar una multiplicación de conflictos, de muy probable judicialización, lo que por otra parte contraría los criterios que surgen de la exhortación que ha efectuado la Corte», resalta.
Agrega que «por similares razones debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones, y cuya efectiva implementación impedirá el cumplimiento de los fines perseguidos por la Ley, así como de los estándares establecidos por el Máximo Tribunal».
Indica, como argumentación para el veto, que «debe evitarse la vigencia de una norma que presenta contradicciones», así como señala que «las prescripciones» incluidas en la propuesta legislativa «restringe en forma absoluta ciertos derechos de los
profesionales» que trabajan en los efectores de salud.
Rechaza, en tanto, el artículo que admitía como válido el consentimiento a partir de los 14 años de edad para realizar la práctica al sostener que «ello resulta manifiestamente contradictorio con las disposiciones del Código Civil, que establece que los menores adultos son incapaces relativos para la realización de los actos de la vida civil».
