El diputado bonaerense Mauricio Dalessandro reclamó que el Estado, las obras sociales y las prepagas accedan a tratar sin costo económico alguno a las mujeres que se colocaron las siliconas francesas de marca PIP y ahora, por temor a contraer enfermedades, decidan recurrir a una cirugía para su extracción.
Dalessandro ya trabaja en un proyecto que presentará en los primeros días del nuevo período parlamentario, para que el sistema de salud provincial, tanto público como privado, imite la decisión adoptada por las autoridades sanitarias de Francia ante el riesgo que las prótesis defectuosas y con riesgo de quiebre hayan generado casos de cáncer, se informó en un comunicado.
«En Argentina hay más de 13.000 mujeres que se han realizado un implante con las prótesis PIP, de origen francés, las mismas que han despertado la sospecha en aquel país, por lo que se resolvió tratar el tema como una cuestión de Estado ante la posible aparición de nuevos casos que pongan en peligro la vida de las mujeres», explicó el legislador.
Hasta el momento, sólo trascendió que una entidad privada dedicada a la cirugía estética, precisamente la clínica B y S, asumirá el costo de $ 13 mil de la operación de extracción de las prótesis defectuosas que habían colocado. Sin embargo, según informaron el sábado, las mujeres deberán costearse las nuevas prótesis, con libre elección de marca. El precio de las siliconas ronda entre los u$S 500 y 1.000.
La adquisición de los nuevos implantes por parte de las damnificadas no contentó al grupo de mujeres “Afectadas Prótesis PIP”, cuya vocera es la abogada Virginia Luna. En el blog que las representa, la magistrada asentó: “Vamos a defender entre todas el Derecho a la Salud de las Mujeres como Derecho Humano Fundamental. Vamos a luchar para que se nos reconozca nuestra calidad de consumidoras, se nos repare el daño causado y poder ‘prevenir’ el futuro”.
Para evitar secuelas
«Todos los días hay cientos de mujeres que sospechan que pueden tener problemas con las prótesis y quieren sacárselas, pero las obras sociales y prepagas se niegan a realizar la operación si no hay un daño o amenaza concreta, pero de esa manera desprecian la cuestión psicológica», indicó Dalessandro.
A su vez, recordó que días atrás la ANMAT recomendó a las mujeres implantadas que concurran al médico para resolver cualquier duda, “ya que se comprobó que los implantes tienen un gel que no es de uso medicinal y puede ser tóxico para la salud».
Dalessandro, aseguró que «autorizar la extracción en forma gratuita es un procedimiento económico y preventivo, ya que evita problemas posteriores que en definitiva le pueden costar millones al sistema de salud».
