El Parlamento de Uganda aprobó un proyecto de ley que castiga a quienes trasmitan el VIH de forma «intencionada», una criminalización que disuadirá de hacerse las pruebas a quienes sospechen vivir con el virus, denunciaron activistas y organizaciones como Human Rights Watch (HRW).
Cerca de 1,5 millones de ugandeses viven VIH, en un país de 35 millones de personas y donde 140.000 contraen el virus anualmente, 28.000 de ellas niños que lo adquieren por sus madres durante la gestación, según el Ministerio de Salud ugandés.
En la última década, las políticas desarrolladas por el país africano para combatir el VIH se centraron en la promoción de la abstinencia sexual entre los jóvenes y la fidelidad matrimonial.
El nuevo proyecto de ley prevé multas de 2.000 dólares y penas de prisión de hasta diez años para quienes transmitan de forma «voluntaria» e «intencionadamente» a otra persona con el virus del VIH.
La ley, pendiente de ser firmada por el presidente ugandés tras su aprobación ayer en la Cámara, Yoweri Museveni, también obligará a las embarazadas y sus parejas a someterse a las pruebas del VIH, y permitirá al personal médico revelar sus resultados a otras personas.
La norma solo busca castigar a quienes transmiten a otros a sabiendas de que son portadores del virus, lo que hará que la gente no quiera hacerse las pruebas para evitar responsabilidades penales, advirtió la coordinadora regional de la Comunidad Internacional de Mujeres con VIH, Lillian Mworeko.
«Si en la actualidad ya hay muy poca gente que sepa” si vive con el virus “esta cláusula ayudará a desanimar a aquellos que voluntariamente quisieran saberlo», explicó por su parte el investigador ugandés Peter Mugyenyi, en declaraciones al Daily Monitor».
«Esta ley es un paso atrás en la lucha contra el sida en Uganda», dijo la investigadora sobre África de HRW Maria Burnett.
La ley estaba pendiente de aprobación en el Parlamento ugandés desde 2010 y fue aprobada ayer pese a que los responsables de los programas de sida del Ministerio de Salud y la Comisión de sida ugandesa y otros grupos independientes la rechazaron abiertamente.
«Para hacer frente a esta epidemia de forma efectiva, Uganda necesita asociarse con los que viven con VIH, no acusarlos, criminalizarlos y excluirlos de la política», dijo la directora de la Red de Derechos, Ética y Sida de Uganda, Dorah Kiconco.
La activista emplazó al presidente ugandés a no firmar esta norma y defender los derechos de estos pacientes, reconociendo que la gente que vive con VIH prevendrá la transmisión si tienen apoyo.
La legislación ugandesa también castiga a los trabajadores sexuales y a los homosexuales, lo que incrementó la discriminación sobre los enfermos de sida y desanimó a muchas personas a hacerse las pruebas y solicitar tratamiento.
Desde finales del 1980, Uganda logró un enorme retroceso en las tasas de infección gracias a campañas públicas agresivas.
La aparición de medicamentos que mejoraron la esperanza de vida de los enfermos reorientó las campañas para impulsar el uso del preservativo hacia la abstinencia, lo que ha llevado al estancamiento y el rebrote de la enfermedad.
