Persistencia de celdas de aislamiento, electroshock e internaciones prolongadas sin revisión, son algunas de las situaciones más graves relevadas en más de 30 instituciones públicas y privadas de salud mental de todo el país, según un informe presentado el martes por la Secretaría Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657).
«A partir de monitoreos e intervenciones que hemos realizado desde el Órgano hemos visto situaciones de mucha gravedad completamente naturalizadas», indicó a Télam Graciela Iglesias, Secretaria Ejecutiva del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental.
Y continuó: «Por ejemplo, en muchas instituciones encontramos celdas de aislamiento, y para quienes llevaban adelante esta práctica se trataba de una solución estructural ante pacientes difíciles, ni siquiera se les ocurría que podían hacer otra cosa».
Además de los dispositivos de aislamiento, el relevamiento realizado a partir de 86 monitoreos en instituciones públicas y privadas de todo el país arrojó que «existe una creciente disposición de internaciones y medicalización de niños pequeños».
«Se localizaron instituciones donde mantienen a niños sujetos a contenciones físicas y alojados junto a personas adultas, situación generalizada en los dispositivos de internación privados», describió el informe.
La persistencia del «electroshock» fue otra situación grave detectada: «Desde el Órgano se emitió un comunicado prohibiendo la TEC (Terapia Electro Convulsiva) por representar un trato cruento, invasivo y degradante a la integridad personal», sostuvo.
«Se trata de una práctica que es defendida incluso por profesionales de la salud y que cuesta erradicar, incluso hubo tres provincias que admitieron que se realizaba TEC en sus instituciones, y en el ámbito privado es muy habitual«, describió Iglesias.
Creado en diciembre de 2013 a partir de la Ley Nacional de Salud Mental como organismo de prevención de derechos humanos, supervisión y monitoreo, el Órgano es un espacio intersectorial conformado en partes iguales por representantes estatales y de la sociedad civil.
Concretamente está integrado por el Ministerio de Salud de la Nación, la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de la Nación, el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Estudios Legales y Sociales, la Red de Usuarios, Familiares y Voluntarios, y la Asociación Argentina de Salud Mental.
«Desde el principio para nosotros fue central que este espacio no sea sólo de control sino que sea instituyente, es decir, que tenga una incidencia operativa real sobre lo que sucede, y en ese contexto, el balance es positivo», sostuvo.
Como consecuencia de la intervención del Órgano, se lograron cerrar las celdas y salas de aislamiento de tres clínicas privadas de la provincia de Buenos Aires -Betharram, Estancia del Pilar y San Michele- y del Hospital Neuropsiquiátrico Alejandro Korn, de Melchor Romero.
«También se logró proteger los derechos de los niños y niñas que estaban internados en instituciones junto a adultos, y incluso hemos frenado judicialmente la aplicación de TEC», describió Iglesias.
Otra acción directa del Órgano fue la intervención en la Clínica de Reposo Nuestra Señora de Betharram, en la localidad de Turdera, donde «se constató que las personas estaban en estado de abandono extremo y se logró que fueran trasladadas las casi 100 personas que estaban internadas».
«Por otro lado se realizó y todavía persiste un fuerte trabajo con las provincias porque hay que comprender el espíritu federal del este país, entonces, es fundamental que cada jurisdicción genere su propio órgano de control», detalló.
Iglesias describió que «también se está realizando una supervisión fuerte de la gestión judicial porque el principio que debe regir es el de capacidad».
En este sentido, la secretaria del Órgano recordó que «el gran cambio que la ley produjo es, sencillamente, en reconocer a la persona con padecimientos psicosociales como sujetos con derechos, devolverles la voz, resguardar su capacidad jurídica».
«Se trata de pasar de un modelo de atención centrado en la institución monovalente, (lo que vulgarmente se llamaba manicomio) a un tratamiento en la comunidad y para esto no sólo hay que crear los dispositivos sino también cambiar la mirada hacia un enfoque de derechos», sostuvo.
Y añadió: «El objetivo, finalmente, es que la persona pueda seguir siendo quién es dentro de la sociedad, derribar los mitos, los miedos y lograr una convivencia sin prejuicios y en armonía».
