La Cámara de Senadores convirtió ayer en ley un proyecto que crea el Régimen de Protección Integral para las Personas Trasplantadas, que cubre en un 100% los medicamentos luego de la cirugía y aporta otros beneficios en traslados y vivienda.
El objetivo de la norma, que había sido aprobado en Diputados la semana pasada pero volvió a revisión tras algunos cambios, es asegurar a las personas trasplantadas «la integración familiar y social mediante la atención médica integral, educación en todos sus niveles, seguridad social e inserción laboral».
La ley contempla un pase de transporte, como el que tienen las personas con discapacidad, con un acompañante. Además obligará a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.
Otro punto de la ley dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a las personas trasplantadas, permitiéndoles deducir del pago de ganancias el 70% de los sueldos, a la vez que garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.
Los puntos de la norma alcanzan tanto a quienes recibieron un órgano como a las personas que están en lista de espera en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Por otra parte, la ley garantiza el «acceso a la vivienda» al destacar que quienes carezcan de recursos suficientes serán ayudados para «la adquisición de una adecuada unidad habitacional o la adaptación de su vivienda a las exigencias que su condición de trasplantada le demande».
Además, el Ministerio de Educación debe incorporar como materia de estudio la temática relativa a la donación de órganos y los trasplantes.
«Es la primera ley en el mundo con estas características y un gran logro que se aprobó gracias a Dios y al esfuerzo de todos», dijo a Télam Alejandro González, secretario general del Consejo Asesor de Pacientes del Incucai, trasplantado renal e impulsor del proyecto.
«Antes los trasplantados no existíamos para la ley; nosotros nunca tenemos el alta médica pero tampoco somos considerados discapacitados, y eso nos afectaba el trabajo y la posibilidad de que personas del interior viajen a los centros de salud a hacerse los chequeos médicos porque no tenían pase», explicó González.
Por ser inmunosuprimidos, señaló, los trasplantados precisan medicación colateral que no estaba cubierta por las obras sociales.
«Si bien los inmunosupresores estaban cubiertos por las obras sociales en un porcentaje chico», esta no incluía «medicamentos colaterales que debemos tomar; ahora se encuentran cubiertos al 100%, lo que representa un logro impresionante», destacó.
El proyecto original fue presentado por la senadora del peronismo disidente salteño Sonia Escudero, quien coincidió en que antes de la sanción de esta ley «los pacientes trasplantados, por no tener el alta médica y quedar inmunodeprimidos, no pueden conseguir trabajo, pero tampoco se los considera discapacitados y no tienen derecho a una pensión».
En tanto, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner consideró que esta era una «ley muy necesaria» y sostuvo que es «un orgullo haberla aprobado».
