El director ejecutivo del PAMI, Luciano Di Cesare, llegó a un acuerdo con el ministro de Salud, Juan Manzur, para cobrar una deuda por la cobertura de la obra social de las personas con discapacidad, luego de una ardua negociación en la sede de la cartera nacional.
Di Cesare consiguió, finalmente, un acta firmada por el ministro con el monto de la deuda generada por las prestaciones que la obra social de los jubilados brinda a las personas con invalidez, y que tienen pensiones no contributivas.
Si bien estaba programada una reunión para resolver este conflicto, Di Cesare concurrió ayer a primera hora a la sede ministerial ubicada sobre la avenida 9 de Julio y anunció que se iría sólo cuando tuviera un acta firmada por Manzur.
Unas horas después, el organismo emitió otro comunicado en el que informó que el ministro y el director del PAMI firmaron «un nuevo convenio respecto de los circuitos a implementar para continuar con la gestión administrativa de las prestaciones vinculadas a los beneficiarios de pensiones no contributivas».
El mismo parte señaló que «luego de una jornada de intenso y cordial trabajo se arribó a un acuerdo y se aprobó un nuevo convenio, a partir del cual se señaló que, tal como había sido informado el viernes último, las prestaciones nunca estuvieron en peligro y continúan garantizadas».
El conflicto se inició la semana pasada cuando el PAMI, por la deuda que mantenía el Ministerio de Salud de la Nación, resolvió dejar de prestar cobertura a 90 mil afiliados, la mayoría de ellos con discapacidad y ex combatientes de Malvinas.
A través de las resolución 546/12, la obra social de jubilados y pensionados comunicó su decisión por lo que los afiliados y sus familias quedaron sin cobertura médica particular.
Según un comunicado oficial, PAMI tomó esa determinación a partir de que la cartera de Salud tuvo un «atraso importante en el giro de los fondos correspondientes para el pago de las prestaciones que se brindan por su cuenta y orden a los beneficiarios de pensiones no contributivas por invalidez y sus grupos familiares y excombatientes de Malvinas y sus grupos familiares».
«La Ley 19.032 asigna a la Dirección Ejecutiva de PAMI la función de velar por la administración de los fondos y bienes del Instituto, conforme a las necesidades de las prestaciones, y a formular y diseñar las políticas globales en materia sanitaria y social, garantizando la equidad en la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos en todo el territorio nacional», indicó la dirección de la obra social.
De esos 90 mil afiliados, por lo menos 4 mil viven en geriátricos y otros tantos en instituciones como el Cottolengo Don Orione, en Claypole.
