En medio de una gran polémica, una jueza nacional en lo civil suspendió el primer aborto no punible que se iba a practicar en la Ciudad de Buenos Aires, por una presentación judicial realizada por la organización Pro Vida, aunque el Gobierno porteño anunció que apelará la resolución.
El aborto iba a realizarse en el Hospital Ramos Mejía, de esta capital, a una mujer de entre 32 y 35 años que fue víctima de trata de personas, sobre la base de una resolución ministerial que reglamentó un fallo de la Corte Suprema de Justicia para los casos de mujeres víctimas de violación.
Pero tras una presentación de la organización anti abortista Pro Vida, la jueza nacional en lo civil Myriam Rustán de Estrada dictó una medida cautelar suspendiendo el aborto programado en el Ramos Mejía, o cualquier otro hospital.
«No cabe duda de que la competencia del juzgado a mi cargo es incuestionable, por cuanto se trata de una solicitud destinada a preservar la vida de un menor que se encuentra amenazada», justificó la jueza en su resolución a la que accedió Noticias Argentinas.
Y agregó: «No cabe duda de que para el máximo ordenamiento legal a los niños se les debe garantizar en la máxima medida posible el derecho a la vida desde el momento de su concepción».
La magistrada justificó con que «el derecho a la vida, por definición, nunca puede significar el menoscabo del derecho de otra persona», en referencia a que se trataría de un aborto no punible ya que la joven fue víctima de trata de personas.
«Con esto no quiero decir que objetivamente no existe colisión de derechos entre la madre y su hijo, los derechos de ambos pueden ser resguardados en la máxima medida posible, sin menoscabarse recíprocamente», según la jueza, para quien tanto el bebé como su madre «han sido víctimas de un injusto agresor».
«No es posible reparar un daño generando otro daño mayor e irreversible absolutamente», añadió.
Para la jueza, titular del juzgado en lo civil 106, la solución para la madre está en «el instituto de la adopción» pero «no puede hacerlo mediante la eliminación de la faz de la tierra» del bebé.
De inmediato, la resolución generó una gran polémica y la concentración de grupos pro y contrarios al aborto en las puertas del hospital Ramos Mejía, que extendió el debate que se había iniciado el viernes pasado con el anuncio de Mauricio Macri que vetará la ley de aborto no punible sancionada por la Legislatura.
Además, sectores opositores en la Ciudad adelantaron que realizarán una presentación judicial contra Macri por violación de confidencialidad al anunciar la interrupción del embarazo que iba a desarrollarse este martes en el hospital Ramos Mejía.
La práctica del aborto no punible rige en la Ciudad por una resolución ministerial de la Ciudad -sobre la base de la acordada de la Corte Suprema-, pese a que es más restrictiva que la ley que se va a vetar.
Así lo ratificó por la tarde la vicejefa de Gobierno, María Eugenia Vidal al anunciar que en los próximos días la Ciudad apelará el fallo de primera instancia ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.
Lo hizo durante una conferencia de prensa en la Legislatura, junto al procurador de la Ciudad, Julio Conte Grand, quien será el encargado de preparar la presentación.
«Esperamos que la Justicia actúe con la mayor celeridad posible para darle curso a esta apelación y que resuelva cuanto antes. Mientras tanto, desde todas las áreas del Gobierno vamos a seguir acompañando a la paciente», explicó sobre este caso.
En ese contexto, Vidal defendió el veto a la ley al señalar que «va más allá del fallo de la Corte» y permite a una menor desde los 14 años someterse a un aborto prácticamente sin obstáculos.
Por su parte, la legisladora porteña por Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti expresó su «tristeza y preocupación» por la situación y solicitó «ponerse en el lugar de la mujer que está internada en el Hospital Ramos Mejía».
«Esta es una operación de marketing del Gobierno de la Ciudad. Es de mal gusto. No tendríamos que habernos enterado de este hecho; tendría que haber sido anónimo. Lo que pasa es que esta mujer no tiene el dinero suficiente para practicarse un aborto en un centro médico privado, entonces queda expuesta públicamente», aseguró Cerruti.
Primer aborto no punible
Días atrás, durante una cena organizada por el Consenso Republicano el jefe de Gobierno Macri anticipó «el primer aborto legal en la ciudad de Buenos Aires» en el caso de «una mujer de 32 años que pasó por todas las instancias legales».
Según el escrito, Macri había anunciado la «inexorable eliminación de una persona humana». En la puerta del hospital Ramos Mejía, Pedro Andereguen, abogado de Pro-Vida indicó que se suspendío la operación «por los derechos del niño por nacer».
El aborto iba a practicarse en cumplimiento de la resolución N°1252 para la interrupción de embarazos no punibles firmada por el exministro de Salud porteño, Jorge Lemus, sobre la base de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, indicaron fuentes del Gobierno porteño en diálogo con Noticias Argentinas.
La noticia se conoció antes de que el Gobierno porteño anunciase que resolvió vetar la ley de aborto no punible, aprobada por la Legislatura porteña el viernes 28 de septiembre último, al considerar que excede lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo del 13 de marzo último.
Sin embargo, aclaró que queda vigente la resolución N° 1252 del Ministerio de Salud porteño, publicada el 6 de septiembre último en el Boletín Oficial, que estableció el procedimiento aplicable para la asistencia sanitaria de prácticas de aborto no punibles en la Ciudad.
