El Consorcio Nacional de Derechos Reproductivos y Sexuales (CoNDeRS) presentó un monitoreo sobre la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el país, en el cual se destaca la participación de la juventud y las dificultades de las mujeres para acceder a la anticoncepción quirúrgica.
Representantes de organizaciones de mujeres, de derechos humanos y de jóvenes que conforman el CoNDeRS fueron las encargadas de brindar detalles de la investigación que abarcó 14 provincias y cuatro municipios bonaerenses.
También expusieron Paula Ferro, coordinadora del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable del Ministerio de Salud (PNSSyPR) y Eleonor Faur, oficial de enlace del Fondo de Población de Naciones Unidas(UNFPA) en Argentina.
El Consorcio monitorea desde 2003 la aplicación de la Ley Nacional 25.673 que creó el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable y que, desde 2007, trabaja en conjunto con el Ministerio de Salud.
Mabel Bianco -en representación de las organizaciones sociales- fue la encargada de resumir los principales hallazgos del monitoreo realizado entre agosto de 2009 y el mismo mes de 2010. Este trabajo «rescata la voz de las personas usuarias del programa», dijo Bianco.
Para Ferro «es una manera de no perder el rumbo, ya que esta experiencia nos da la posibilidad de escuchar a mujeres y hombres usarios». Mientras que, Faur destacó «el diálogo que se abre entre sociedad civil y Estado para detectar los avances y las brechas que impiden el acceso universal a la salud sexual y reproductiva».
La progresiva mejora de las acciones que ejecuta el Programa de SSyPR,el rol de la línea gratuita y confidencial 0800-222– 3444 (Salud Sexual), la distribución de insumos a través del Plan Remediar, la utilización de la anticoncepción hormonal de emergencia, la aceptación del uso del DIU en el posaborto, son algunos de los puntos resaltados. A éstos se suman «el adelanto que significó la elaboración por parte del Programa de la Guía sobre ligadura tubaria», aseguró Bianco.
En cuanto a la población adolescente la investigación destaca que, en general, «pueden acceder a métodos anticonceptivos sin restricciones y sin necesidad de autorización», como también la creación de servicios específicos para jóvenes en provincias como Misiones, Santiago del Estero, Mendoza, San Luis y La Pampa.
También resalta «los avances del Ministerio de Educación de la Nación generando contenidos sobre la temática». No obstante, el informe insiste en «promover la atención a adolescentes, dado los altos índices de embarazos y maternidad en esta población».
En relación a los puntos a revisar, el CoNDeRS apunta que «permanecen los requisitos extra legales para la ligadura tubaria en 6 de las 18 jurisdicciones monitoreadas, notándose las situaciones más graves en las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos».
Sobre este punto, la representante de UNFPA habló de «prejuicios, ya que no hay barreras institucionales, la ley es muy clara en cuanto al acceso a la anticoncepción quirúrgica».
En relación a la vasectomía «prácticamente en ninguna jurisdicción analizada está garantizada ni difundida su oferta y permanecen fuertes resistencias de profesionales y usuarios, lo que se asocia a las dificultades de inclusión de varones en la atención de SSyR».
Otra preocupación de las organizaciones sociales es que «Catamarca, Formosa, San Juan y Tucumán no tienen leyes provinciales y en Salta existe legislación sin reglamentar», relacionada con derechos sexuales. Al respecto, Ferro recordó que «la norma 25.673 es para todo el país; las provincias sólo deben avanzar y asignar presupuesto».
El tema presupuestario fue otro dato considerado en el monitoreo «porque no ha crecido de manera proporcional a la demanda del Programa», pero la funcionaria de Salud aclaró que en 2010 «teniamos 29 millones, pero se ejecutaron más de 50, porque no hay que limitarse, hay que generar proyectos y buscar apoyos».
«Falencias periódicas en la provisión de anticonceptivos» es otra de las observaciones que realiza la investigación. Ferro aseveró que «no debería existir ningún tipo de faltante porque nosotros enviamos los insumos a todas las provincias, por eso valoro este trabajo, porque nos está marcando dónde tenemos que intervenir».
Para Faur una explicación es «la heterogeneidad del territorio argentino, porque el Estado nacional hace enormes esfuerzos, pero hay desafíos a nivel de las provincias». También destacó que «a ocho años de la sanción de la ley 25.673, este monitoreo muestra la madurez del Estado y de las organizaciones sociales que hoy estamos reunidas para ver avances y desafíos».
