La Asociación Regional de Diálisis y Transplantes Renales de Capital Federal y Provincia de Buenos Aires (ARD) alertó que más de 1.200 pacientes podrían quedarse sin tratamiento para fines de agosto a causa de una “deuda estatal de unos 40 millones de dólares”.
Según explicó Alfredo Casalíba, presidente de la ARD, “el Ministerio de Salud adeuda prestaciones de 2011 y de todo 2012, con excepción de enero, del programa Incluir Salud– ex Programa Federal (PROFE)- que abarca a pacientes con pensiones no contributivas otorgadas por el Estado Nacional”.
Casaliba dijo a DocSalud.com que los 105 centros de diálisis de la asociación distribuidos entre Capital y la provincia de Buenos Aires “han seguido pagando insumos, salarios e impuestos para poder ofrecer los tratamientos, que deben darse de manera oportuna porque de eso depende la vida de los pacientes”. Pero explicó que “a causa de que las Pymes estuvieron financiando al Estado, todos estos lugares podrían llegar a cerrar sus puertas”.
Según el titular de la ARD, “los propios centros se hicieron cargo de la deuda, a través del pago que reciben de otros financiadores y obviamente comprometiendo el dinero propio o créditos tomados en otros bancos”, una situación que, “no sólo pone en riesgo la vida de los pacientes, sino la continuidad de las prestaciones”.
Por otra parte, informó que los proveedores, que también tienen postergados diversos pagos “ya están enviando comunicaciones para anunciar que van a dejar de enviar material”.
Casaliba denunció que “los centros no tienen dinero para pagar los impuestos, lo que significa el propio Estado, que hizo a estos lugares llegar a la situación también puede embargarlos”. De hecho, especificó que «el único financiador que está pagando adecuadamente es el PAMI».
Agregó que desde la ARD tuvieron que salir a mostrar la situación “porque nadie quería llegar al punto de tener que echar personal o cerrar los centros”. Y que para frenar la situación se necesita “al menos un poco más de la mitad del total de la deuda, y no un plan de cuotas que puede derivar en promesas vacías”.
Por último, explicó que más allá de que la situación que denuncian podría dejar sin tratamiento a más de 1.200 pacientes, “este número es sólo la punta del Iceberg, ya que del programa Incluir Salud depende el 20% de pacientes con diálisis en el país, lo que se traduce en unos 5.400 pacientes de los 27.000 totales, y nosotros tenemos conocimiento de que esta situación se replica en otras provincias”.
