El pleno del Parlamento Europeo (PE) pidió un plan de prevención de la mutilación genital femenina, práctica que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) afecta a 140 millones de niñas en el mundo y alcanzó a cerca de 500.000 niñas que viven en la Unión Europea (UE).
Los eurodiputados aprobaron una resolución que hace un «llamamiento a la Comisión para que presente, en el plazo más breve posible, una propuesta de acto legislativo de la UE relativo a la adopción de medidas de prevención contra todas las formas de violencia contra las mujeres, incluida la mutilación genital femenina».
Asimismo, solicitan al Ejecutivo comunitario que adopte «un enfoque armonizado para la recopilación de datos sobre la mutilación genital femenina» en los países de la UE.
Desde Bruselas, la CE recordó que en noviembre de 2013 puso en marcha una estrategia para erradicar esta «práctica inaceptable», por la que destinó 2,3 millones de euros en proyectos de prevención y atención a las víctimas.
El plan del Ejecutivo incluye también el desarrollo de indicadores para hacer un seguimiento de este fenómeno, medidas para mejorar su persecución por parte de los Estados miembros y la protección de las mujeres en riesgo, así como el establecimiento de relaciones bilaterales con países vecinos donde esta práctica es frecuente.
La vicepresidenta de la CE, Viviane Reding, se congratuló por el «respaldo» del PE, pero destacó que es necesaria la colaboración de Naciones Unidas, las ONG y, sobre todo, los Estados miembros para acabar con la práctica.
En este sentido, los eurodiputados pidieron a los Gobiernos de la UE que formen a profesionales de los ámbitos sanitarios y de educación para proteger a las mujeres y niñas.
Igualmente reclamaron a las autoridades de los Veintiocho que «persigan, juzguen y sancionen a cualquier residente que haya cometido el delito de la mutilación genital femenina, incluso si el delito fue cometido fuera de las fronteras del Estado miembro», en referencia a las hijas de inmigrantes que viven en la UE y sufren la ablación cuando viajan a los países de origen de sus familias.
En ese sentido, piden «la inclusión del principio de extraterritorialidad» en las disposiciones de Derecho penal de todos los países miembros «a fin de que este delito sea sancionable en la misma medida en los Veintiocho países».
En el debate previo al voto, la eurodiputada Teresa Jiménez-Becerril (PP) pidió un «enfoque común» que contribuya a erradicar la mutilación genital femenina tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
«Necesitamos un enfoque común, con datos compartidos. El Servicio Europeo de Acción Exterior tiene que adoptar una posición firme respecto a terceros países que no condenan esta forma de violencia contra la mujer», afirmó.
La eurodiputada apuntó que España cuenta con legislación penal específica sobre la ablación y lamentó que no exista uniformidad en la Unión Europea en este ámbito.
Desde las filas del PSOE, la eurodiputada Iratxe García destacó que la mutilación genital femenina «es una forma de violencia contra las mujeres y constituye una clara infracción de los principios recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión».
La europarlamentaria socialista añadió que «la cooperación entre las instituciones públicas y las organizaciones que trabajan en la sociedad civil es fundamental para acabar con una práctica brutal de violencia que no tiene cabida en la Europa del siglo XXI». En ese sentido, lamentó que algunas culturas intenten justificarla.
«Hay que decir muy claro que el respeto a las tradiciones y culturas tiene como límite infranqueable el respeto a los derechos humanos», dijo.
Según la OMS, en la mayoría de los casos, la mutilación genital femenina se practica en niñas menores de 15 años y, principalmente, en África, Yemen, el norte de Irak e Indonesia. Alrededor de 20.000 mujeres y niñas de esos países solicitan asilo en la UE cada año, según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
