La Cámara de Senadores aprobó esta noche y giró a Diputados un proyecto de Ley de protección especial para trasplantados que propone que el Estado garantice un ingreso equivalente a una jubilación mínima para este grupo de personas, que no son considerados discapacitados pero tampoco reciben el alta médica.
La iniciativa, impulsada por la justicialista disidente Sonia Escudero, pretende «garantizar una buena calidad de vida a los trasplantados, a quienes la vida les ha dado una segunda oportunidad”.
El proyecto contempla un pase de transporte para estos pacientes, como el que tienen las personas con discapacidad, y dispone además importantes beneficios impositivos para las empresas que brinden trabajo a un trasplantado. Entre ellos, les permite a las compañías deducir del pago ganancias el 70% de los sueldos pagados, al tiempo que les garantiza a los pacientes en situación de desempleo el acceso a una asignación equivalente a una jubilación mínima.
La iniciativa apunta a proteger tanto a quienes ya recibieron un órgano como también a las personas que están en la lista de espera que confecciona el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI).
Por otra parte, obliga a las obras sociales y empresas de medicina prepaga a dar cobertura del 100% de los medicamentos, estudios y demás prácticas médicas necesarias para garantizar una adecuada atención de la salud de estos pacientes.
Promueve también la creación de sistemas de enseñanza adecuados a la situación de las personas trasplantadas para que puedan terminar sus estudios primarios y secundarios.
