Especialistas nacionales e internacionales coincidieron en la importancia de implementar políticas para que en la Argentina el aborto sea seguro y en mejorar el manejo de la emergencia obstétrica para reducir la mortalidad materna, que desde hace 20 años se mantiene invariable en el país. Lo hicieron durante un debate organizado ayer por ASUMEN (Alianza Argentina para la Salud de la Madre, Recién Nacido y Niño).
El doctor Bernardo Chomski, coordinador general de ASUMEN, indicó que disminuir el número de decesos es “una cuestión de derechos humanos que compete a toda la sociedad en su conjunto, por lo que es indispensable una fuerte voluntad política al máximo nivel”.
En el marco de la de la Jornada debate “Situación y perspectivas de la mortalidad materna en Argentina” , organizada por esa alianza, participaron unos 300 profesionales sanitarios, entre ellos Representantes de Unicef, el Fondo de la Población de Naciones Unidas (UNFPA) , la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ministerio de Salud de la Nación y de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Jujuy. A su vez, se hicieron presentes representantes de los gobiernos de Uruguay, México y Perú.
Ricardo Fescina, director de Centro Latinoamericano de Perinatología CLAP de la OMS/OPS, afirmó que “América Latina como región no logrará cumplir con los Objetivos del Milenio de Naciones Unidas”, precisamente el número cinco, que busca reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna, entre 1990 y 2015.
Como ejes comunes para lograr esta meta, durante la jornada se habló de la importancia de reducir la inequidad geográfica, económica y social a la que están sometidas las mujeres de América Latina y mejorar el manejo de la emergencia obstétrica; optimizar el acceso a la salud y la calidad de los servicios.
A su vez, frente a la persistente alta prevalencia del aborto inseguro como causa de muerte materna, los especialistas destacaron la urgencia de legislar para que en todos los países la interrupción voluntaria del embarazo sea segura más allá de su legalidad jurídica. También enfatizaron en reducir la violencia sexual; destinar mayores recursos a políticas de salud sexual y reproductiva; reducir la excesiva medicalización del parto y disminuir tasa de cesáreas.
