Cada año, miles de mujeres y niñas en Argentina se exponen a sufrimientos innecesarios como resultado de conductas negligentes o abusivas durante la provisión de servicios de salud reproductiva, señaló hoy Human Rights Watch. Un informe de producción propia denominado «¿Derecho o Ficción?: La Argentina no rinde cuentas en materia de salud reproductiva», documenta los numerosos obstáculos que enfrentan al intentar recibir estos cuidados a los cuales tienen derecho, tales como anticoncepción, procedimientos voluntarios de esterilización y aborto después de una violación.
Los obstáculos más comunes incluyen prolongadas demoras, derivaciones innecesarias a otros centros de salud, la exigencia ilegal de autorización del esposo y, en algunos casos, directamente la denegación de atención.
«Las mujeres necesitan recibir atención confiable durante toda su vida reproductiva», afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Pero, en sus palabras, “en Argentina esto se parece más a una lotería: se puede tener suerte y recibir atención decente, pero es más probable que no se tenga otra opción que someterse a servicios deficientes o, incluso, abusivos».
Según las denuncias de Human Rights Watch, en nuestro país es frecuente que mujeres y niñas no pueden tomar decisiones independientes sobre sí mismas en esta materia, y muchas se enfrentan a embarazos no deseados o con riesgos para su salud. Si de cifras se habla, el 40% de los embarazos son interrumpidos mediante abortos, en muchos casos practicados de forma insegura. Este tipo de práctica ha sido una de las causas principales de mortalidad materna en nuestra nación durante décadas.
El informe identifica, a su vez, que la falta de supervisión y rendición de cuentas en la implementación de las leyes y políticas existentes son los principales problemas que posibilitan que se continúe denegando a mujeres y niñas una atención adecuada. Los médicos y otros miembros del personal de la salud que les niegan a algunas mujeres servicios que les corresponden, o que imponen condiciones arbitrarias para brindarlos, pocas veces -o nunca- son investigados o sancionados.
«Claramente, las políticas sobre salud reproductiva de Argentina no son perfectas, pero si se implementaran, evitarían en gran medida los padecimientos que advertimos al realizar la investigación para este informe», manifestó Vivanco para luego agregar que «el gobierno debe tomar medidas mucho más enérgicas para monitorear el modo en que se implementan estas políticas y para sancionar los abusos».
El informe de Human Rights Watch también critica que las políticas de salud reproductiva argentinas ignoran a sectores interesados clave, como las mujeres y niñas con discapacidad. Con la reciente ratificación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, Argentina ha asumido obligaciones jurídicas internacionales específicas en este ámbito que no están siendo cumplidas, expresó Human Rights Watch.
«Las mujeres y niñas con discapacidad se enfrentan a los mismos obstáculos que las mujeres sin discapacidad, y a otros cuantos más», dijo Vivanco. «Además de problemas evidentes de acceso, como por ejemplo si los centros de salud cuentan con rampas o si existe información disponible en braille o lenguaje de señas, existe la cuestión más importante de los prejuicios. Algunos médicos simplemente no creen, por ejemplo, que las mujeres con discapacidades visuales o auditivas mantengan relaciones sexuales o puedan recordar que tienen que tomar una pastilla anticonceptiva», resaltó.
En la página de Internet de Human Rights Watch aclaran que si bien el gobierno recientemente ha tomado medidas tendientes a subsanar algunos de los problemas denunciados en «¿Derecho o Ficción?», algunos cambios fueron posteriormente revertidos.
En mayo, el Ministerio de Salud de la Nación creó un número telefónico gratuito destinado a responder a consultas sobre dónde se brindan servicios de atención de salud reproductiva y a registrar denuncias. En julio, el Ministerio anunció su intención de que la Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles-elaborada con el fin de asegurar que se practiquen abortos a mujeres y niñas cuya vida o salud estuviera en riesgo a causa del embarazo, o que hubieran sido violadas-tendría fuerza de resolución ministerial. Sin embargo, el día siguiente al anuncio, el gobierno se retractó y sostuvo que si bien la Guía seguía vigente, quedaría a criterio de cada profesional si la cumple o no.
«El gobierno argentino parece estar dándose cuenta muy lentamente que las leyes sobre salud reproductiva no sirven de nada si no se aplican», afirmó Vivanco. «Pero a menos que los cambios sean constantes y claros, muchas mujeres y niñas continuarán sufriendo y, en algunos casos, perderán la vida», concluyó.
