DE “CONSENTIMIENTO INFORMADO” |

Preocupa un proyecto que busca terminar con la obligatoriedad de la vacunación

Un polémico proyecto de ley que busca terminar con la obligatoriedad de la vacunación fue girado a la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados y si bien expertos en infectología suponen que no se le dará entidad, preocuparía su avance, ya que esto habilitaría a que vuelvan a circular virus y bacterias que provocan enfermedades que están cerca de la erradicación y desatar brotes.

Se trata de la iniciativa de la diputada de Unión Pro Paula Urroz, quien presentó el texto titulado “Consentimiento informado en materia de vacunación”, que posibilita “la no aceptación de este acto médico”.

En el artículo 1, el texto propone que “las personas que sean pasibles de vacunación obligatoria u opcional y quienes sean responsables por la vacuna que reciba un menor a su cargo deberán recibir previamente una información fehaciente acerca de los riesgos que la inoculación de la vacuna en cuestión implica, posibilitando la aceptación o no aceptación de ese acto médico  en cumplimiento del DERECHO al CONSENTIMIENTO INFORMADO establecido en el Capítulo III de la Ley 26.529”, de Derechos del Paciente. Se entiende por consentimiento informado “la declaración de voluntad efectuadas por el paciente o por sus representantes legales información clara, precisa y adecuada”, continúa el texto.  

En relación a este proyecto, el doctor Lautaro De Vedia, presidente de la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), presume que “este proyecto no va avanzar porque va en contra de todas las corrientes científicas del mundo, pero en caso de hacerlo sería sumamente perjudicial para la Salud Pública, ya que dejaría librado a la voluntad individual cuestiones de interés comunitario, como que la población se vacune”.

“No hay ninguna duda desde el punto de vista científico que las vacunas han salvado vidas y que siguen haciéndolo y si la comunidad no está protegida, van a haber virus y bacterias circulando”, agregó en diálogo con DocSalud.com.

El proyecto presentado por Urroz contempla “excepciones”, entre ellas que el profesional de salud “quedará eximido de requerir el consentimiento informado “, cuando por ejemplo  “mediara grave peligro para la salud pública”. Frente a este argumento, existe un consenso desde las sociedades científicas de que no inmunizar a la población la expone a ciertas enfermedades prevenibles.

“No vacunar ya representa un peligro para la salud pública. Si yo espero para ir a vacunar a mi hijo que haya una epidemia de difteria, ya va a ser tarde, porque van a haber muerto varias personas. Si vamos a tomar ese argumento, la mejor manera de que no hayan peligros es tener a la población inmunizada”, indicó de Vedia.

A manera de ejemplo, preocupa el rebrote de una enfermedad prevenible por vacunas: el sarampión. Se registraron entre enero y febrero de 2017 más de 1.500 casos en más de 14 países europeos y según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), esta patología provocó la muerte de 134.000 personas en 2015.

El texto de la diputada propone “crear un Registro de los Efectos Adversos por Vacunación, a los efectos de poder documentar el análisis de dicha información”.

Al respecto, De Vedia indicó que en casos muy puntuales y muy poco frecuentes “se contemplan excepciones en la vacunación”, por ejemplo “a una persona mayor no se le indica la vacuna contra la fiebre amarilla porque podría perjudicarla”.  

“Si un individuo no se inmuniza, me quedo tranquilo si sé que el resto de la comunidad sí se vacunó. Cuando muchos no se vacunan, ahí comienza el peligro.  porque sí van a circular los virus, las bacterias y enfermedades que sí están a un punto de ser erradicadas”, concluyó el presidente de la SADI.

COMUNICADO OFICIAL DE LA SADI, LA SOCIEDAD ARGENTINA DE INMUNOLOGÍA Y FUNDACIÓN HUÉSPED. 

La vacunación, luego de la potabilización del agua, es el hito sanitario que más vidas ha salvado en el mundo a lo largo de la historia de la humanidad. Las vacunas son altamente efectivas en lograr prevenir algunas de las enfermedades infectocontagiosas más peligrosas que amenazan a los seres humanos. En este sentido, los programas de vacunación sistemática han permitido disminuir la mortalidad y secuelas producidas por muchas enfermedades inmunoprevenibles que hasta hace menos de 100 años eran un flagelo para la sociedad. Debido a la vacunación, la región de las Américas ha sido la primera en el mundo en eliminar la viruela, la poliomielitis, el sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita. Al respecto, nuestro país ha sido un pionero al instituir la vacunación obligatoria y gratuita como bien social colectivo mediante la Ley nacional 22.909, vigente desde el año 1983. Actualmente, nuestro país posee uno de los calendarios nacionales de vacunación más completos del mundo, garantizando la equidad de los individuos en el acceso a la prevención de enfermedades.

Las vacunas son medicamentos y, como tales, cumplen la exigencia de ser eficaces y, además, seguras. Es decir, que el beneficio de su utilización es mayor que el riesgo. El caso de las vacunas es excepcional: además de ser efectivas, son extremadamente seguras. Si bien es posible que en algunas personas generen algún efecto adverso, éstos son poco frecuentes y leves: la mayoría de ellos no son más que molestias menores.

En vista del proyecto de ley presentado por la diputada nacional Paula Urroz, recientemente trascendido, desde la Sociedad Argentina de Inmunología (SAI), la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) y Fundación Huésped vemos con mucha preocupación que nuestros representantes del Poder Legislativo propongan medidas tendientes a modificar la ley vigente. Consideramos que esto indudablemente significará un retroceso en política sanitaria, con serias consecuencias potenciales para la salud de nuestra población y las futuras generaciones. El sólo hecho de que un niño pueda quedar desprotegido por falta de vacunación representa un peligro social, ya que no sólo él queda vulnerable sino que también pone en riesgo a sus semejantes al no contribuir a la inmunidad general de la población o “inmunidad de rebaño”.

En este sentido, y en base a la extensa evidencia científica acumulada en favor de la vacunación, rechazamos el proyecto de ley presentado.

Por otro lado, como profesionales de la salud y científicos, nos ponemos a disposición de nuestros representantes para aportar toda nuestra experiencia y conocimientos para tratar cualquier otro proyecto futuro con implicancias en salud pública, para así lograr decisiones basadas en un cúmulo de sólida evidencia científica, clínica y epidemiológica lograda a través de décadas de investigación.    

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