El Senado de la Nación aprobó y convirtió en Ley por unanimidad de los 47 legisladores presentes una Ley de Salud Mental que reconoce la autonomía de las personas con padecimientos psicológicos y que, entre otras enfermedades, incluye las adicciones.
El proyecto reconoce la capacidad de las personas con padecimientos mentales para decidir sobre lo que desea, y propugna la no discriminación de los individuos con dichos trastornos. Además, incluye a la temática de adicciones.
El texto aprobado establece que las acciones hacia los pacientes deben realizarse en una red de servicios de salud mental basados en la comunidad y recomienda la internación de personas con este tipo de padecimientos como un recurso terapéutico a utilizar sólo en situaciones excepcionales y en hospitales generales.
Finalmente, promueve el trabajo interdisciplinario de los equipos sanitarios y establece que el 10% del presupuesto de la cartera del área esté destinado a la salud mental.
El presidente de la Comisión de Salud, el senador radical tucumano José Cano, remarcó que “se trata de formular una ley que dé cuenta de un cambio de paradigma, que pase al paciente a ser un sujeto de derechos”. Además, Cano informó que de los individuos con discapacidad mental “el 80% están internados desde hace más de un año y, en muchos casos, de por vida”.
A su turno, la kirchnerista jujeña Liliana Fellner pidió avanzar con la aprobación de esta norma “para mejorar algo que no está bien en la República Argentina”. Además señaló que el proyecto llegado al Senado en revisión desde la Cámara de Diputados contiene un error al incluir a los especialistas de laborterapia, cuando en realidad debería decir “terapista ocupacional”.
La senadora oficialista tucumana, Beatriz Rojkés de Alperovich, agradeció al director del INADI, Claudio Morgado, quien se encontraba presente en el recinto, por “el impulso que le brindó a esta ley” A su vez, la justicialista disidente Sonia Escudero indicó que esta norma “incorpora al derecho argentino los principios consagrados por las convenciones internacionales”.
”Como el estado nacional no tiene hospitales, las provincias deberán ajustar sus leyes locales a esta ley modelo que marca un nuevo paradigma de derechos humanos a personas con alguna discapacidad mental”, resaltó Escudero y aclaró que “no se está buscando el cierre de hospitales neuropsiquiátricos, sino que no se abran nuevos”.
