Con el anuncio de cambios en el gabinete, el gobierno confirmó que el Ministerio de Salud fue degradado al rango de secretaría y pasará a depender del anterior Ministerio de Desarrollo Social (actual Ministerio de Salud y Desarrollo social), a cargo de Carolina Stanley. Así, Adolfo Rubinstein, quien estuvo a cargo de la cartera sanitaria nacional, pasa a ser secretario de Salud.
Desde la circulación de los trascendidos, diversos sectores expresaron su rechazo y preocupación. Entre ellos los ministros de Salud provinciales, quienes a través de un comunicado conjunto sostuvieron que “eliminar el Ministerio de Salud de la Nación como tal y darle un rango inferior al mismo constituiría un retroceso institucional significativo en la búsqueda y consolidación de los objetivos trascendentes trazados por la ley y la Constitución Nacional en la ejecución de los planes, programas y proyectos del área para atender a la población, en especial a los más vulnerables; sino además tal circunstancia desnuda una perspectiva política que está al margen de la consideración de la Salud como DD HH fundamental, relegando a la misma como bien social de la comunidad”.
“No existe la posibilidad de coordinación, articulación y complementación del sistema de servicios de salud estatales del ámbito nacional, provincial o municipal, de la seguridad social, y del sector privado, sin que exista un Ministerio de Salud a nivel Nacional que se alce como el Rector de las políticas esenciales del sector tendiente a unificar los criterios sanitarios sustanciales con la colaboración directa de las provincia y la asistencia de los programas destinados a los sectores más postergados de la sociedad”, continuó el comunicado conjunto.
En la misma línea distintas sociedades científicas ya habían manifestado su preocupación por esta decisión gubernamental. Una de ellas fue la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) que había manifestado “su más enérgico rechazo” por considerar a esta acción un “inmenso retroceso”.
“Visualizamos a la Salud Pública como un derecho irrenunciable que iguala a toda la población, y al Ministerio de Salud de la Nación como el responsable de ejercer el rol rector indeclinable para asegurar insumos estratégicos y articular con las jurisdicciones políticas públicas que aseguren y garanticen este derecho a los más vulnerables desde el punto de vista social y económico que son los que más dependen del Estado para acceder al derecho a la Salud”, expresa el comunicado, firmado por la Comisión Directiva de la SAVE.
En la misma línea la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) también había expresado su preocupación en un comunicado por una situación “potencialmente riesgosa para la Salud Pública, al poner en peligro su presupuesto y por ende, la continuidad y ejecución de numerosos programas vinculados con el control y el tratamiento de enfermedades infectocontagiosas (ej vacunas, sida, tuberculosis, hepatitits entre otros)” y agregó que la SADI “no acompañará esta decisión”.
Por su parte, en su cuenta de twitter, Fundación Huésped había equiparado el pase de rango a un “un error que afectará la capacidad de defender el presupuesto en salud, pondrá en riesgo los avances en VIH y vacunas y debilitará los programas que protegen a los más vulnerables”.
