Cerca de 290 millones personas de países mediterráneos tendrán, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un acceso limitado al agua en el 2025, una situación que puede generar conflictos sociales y territoriales y que la Unión para el Mediterráneo quiere evitar con una estrategia global que garantice el suministro del recurso.
Representantes de 43 países de la región se reunieron esta semana para firmar un documento que garantice el suministro de agua a las poblaciones de toda la cuenca en un momento de expansión demográfica y en el que los efectos del cambio climático se están haciendo notar.
Para ello prevé, entre otros retos, impulsar hasta 2025 un ahorro de un 25% de agua global sobre lo que se consumía en 2005. Esta estrategia conjunta será el primer gran reto de la recién creada Unión para el Mediterráneo, aunque las negociaciones encuentran algún escollo político.
En concreto, la delegación israelí se opone a que se haga referencia a los territorios ocupados cuando se habla del alcance de los compromisos que incluirá la estrategia. Entre ellos, están la preservación de los recursos de agua, la mejora de su gestión, la salvaguarda de la salud pública, y la erradicación de la pobreza y del origen de los problemas de exclusión en esta región. Otro «roce» es el referido a las aguas fluviales que comparten Turquía e Irak, y que podría provocar un bloqueo de última hora.
La ministra de Medio Ambiente y Medio Rural de España Elena Espinosa remarcó que el Mediterráneo es una cuenca hidrológica desequilibrada, con fenómenos extremos de sequía e inundaciones cíclicas, que obliga a los países que forman la Unión a dotarse de una «estrategia común sobre un recurso escaso» para poder disponer de servicios hídricos.