Aministía Internacional emitió un comunicado que alerta de su preocupación sobre el Proyecto 0010/2017sobre Libertad Religiosa, que fue remitido por parte del Poder Ejecutivo
Nacional al Congreso de la Nación el pasado 12 de junio y que este mediodía fue expuesto en la comisión de Relaciones Exteriores por el secretario de Culto de la Nación, Santiago de Estrada. Uno de los puntos más cuestionados fue la incorporación de la objeción de conciencia y las implicancias que podría tener en el ámbito de la salud y la educación.
De acuerdo con la Secretaría de Culto de la Nación, el proyecto busca “consagrar una protección más completa de este derecho fundamental – el de la libertad religiosa- adecuando la legislación en la materia a los estándares internacionales”.
Tras recordar al artículo 14 de Constitución, que consagra la profesión libre de culto, el 19, que establece que nadie está obligado a hacer lo que no manda la ley, Amnistía internacional sostiene que lejos de tender a fortalecer un Estado laico que otorgue libertades a sus individuos, “busca favorecer un Estado pluriconfesional, con fuerte injerencia de las religiones en el ejercicio de los derechos de las personas y lo público”. “Los individuos tienen el derecho tanto de profesar alguna religión, como el de no profesar ninguna. Pero la norma pareciera olvidar y desproteger a todo este universo de personas que deciden no profesar un culto”, agregó la carta dirigida al Presidente Mauricio Macri.
Uno de los puntos que el texto alerta es el derecho a la objeción de conciencia de las personas y las instituciones al decir que “toda persona tiene derecho a invocar un deber religioso relevante o una convicción o moral sustancial como razón para negarse a cumplir una obligación jurídica”.
“¿Cómo se traduce esto en la práctica y que impacto tiene en el ejercicio de los
derechos humanos? Para llevarlo a ejemplos no necesariamente extremos, un docente
podría negarse a impartir una clase sobre la ‘teoría de la evolución’ por encontrarse en
pugna con su creencia religiosa, cercenando el derechos de niños, niñas y adolescentes a la
educación. También pone en vilo la ley de Educación Sexual Integral, porque cualquier
docente podría limitar la enseñanza religiosa a la moral sexual cristiana o moral de
cualquier otra religión”, indicó el texto.
“Mismo, un juez de paz o un registro civil podría negarse a casar a un matrimonio entre parejas del mismo sexo basándose en principios morales o religiosos, violando el derecho a la igualdad y no discriminación de las personas. O, desde un plano institucional, una obra social podría negarse a proveer anticonceptivos aun existiendo una obligación legal para hacerlo y violando los derechos sexuales y reproductivos de jóvenes y adultos”, agregó.
Como fundamentos, el texto de Amnistía Internacional cita un trabajo llamado “Resistencias al acceso de aborto no punible: la objeción de conciencia”, publicado en la Revista Derecho Penal que dice: “La objeción de conciencia en materia de salud y especialmente, de salud sexual y reproductiva utilizada de manera abusiva y arbitraria ha constituido una barrera ilegítima para el acceso a las prestaciones legales de aborto”.
Y agregó que si bien la Corte Suprema reconoció al personal sanitario un derecho a la objeción de conciencia “destacó que su ejercicio no puede convertirse en un obstáculo y que los establecimientos de salud para garantizar de forma permanente el acceso a las prestaciones”.
