El Tribunal Supremo irlandés rechazó el recurso de apelación presentado por una mujer que se encuentra en estado terminal con esclerosis múltiple, a la que se denegó el derecho a recibir ayuda de su marido en un suicidio asistido.
Marie Fleming, una exprofesora universitaria de 59 años, había apelado ante el Supremo el pasado febrero, después de que un tribunal inferior irlandés le denegase el derecho a que su marido, Tom Curran, le ayude a quitarse la vida.
En Irlanda, la eutanasia está prohibida en virtud de la llamada «Ley de Derecho Criminal (Suicidio)» de 1993, y está castigado con un máximo de 14 años de cárcel a quien «ayude, instigue, aconseje o procure» un suicidio asistido.
Los siete jueces del Supremo ratificaron así la sentencia emitida el pasado diciembre sobre un caso sin precedentes en este país y la familia de Marie, quien no estuvo presente en la vista por la gravedad de su estado, considera ahora la posibilidad de llevar su petición hasta los tribunales europeos.
Curran, acompañado por los dos hijos de su pareja, fue el encargado de comunicar a Fleming través de su teléfono móvil el veredicto emitido poco antes por la presidenta del Supremo, Susan Denham, quien calificó el caso de «muy trágico».
Fleming lleva más de 25 en silla de ruedas y sus abogados habían argumentado que la legislación vigente viola sus derechos personales y a la vida, de acuerdo con los principios recogidos en la Carta Magna irlandesa y en la Convención Europea de Derechos Humanos.
La enferma, sostuvieron los letrados, no pedía, además, que la Justicia permitiese que el marido acabara con su vida, sino que la ayudara para que ella misma pudiera «dar el paso definitivo».
El Supremo, no obstante, desestimó de nuevo estos argumentos al asegurar que la legislación no «infringe de manera desproporcionada» los derechos constitucionales de la demandante.
Sus abogados también querían que la Justicia decidiera si la «criminalización» del suicido asistido está justificada en casos en los que deben, según ellos, prevalecer los derechos personales de la persona que solicita un suicidio asistido.
En este sentido, sostienen que en otros países, como el Reino Unido o Canadá, sus respectivas Fiscalías disponen de unas directrices claras que delimitan los casos en los que pueden o deben actuar.
